La escuela concertada no ha quedado al margen del descalabro económico sufrido por la Administración pública y al igual que la práctica totalidad de los sectores sufre las demoras en los pagos de las cantidades adeudadas en concepto de concierto. Esta circunstancia no hace sino agravar el trato discriminatorio que viene sufriendo este sector educativo desde que se aprobó la Constitución Española, de cuyo artículo 27 deriva el sistema de doble red que garantiza el acceso a la educación pública, y, de perpetuarse, puede complicar la efectividad de este derecho. Siete colegios menorquines tienen carácter concertado y sus aulas acogieron el curso pasado a 2.889 alumnos, entre Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El concierto resulta más económico que la construcción y dotación de los centros públicos que se necesitarían para dar respuesta a este alumnado. Para el conjunto de España, y según datos del Ministerio de Educación y de la Confederación de Centros de Enseñanza, suplir el servicio que da la escuela concertada exigiría 2.348 millones de euros más de lo que cuesta el concierto. El ahorro que permiten estos colegios favorece, además, una mayor inversión en la escuela pública y su existencia contribuye a la configuración de una sociedad plural por cuanto ofrece una oferta educativa con un carácter propio y diferenciado.
Editorial
El papel destacado de la escuela concertada