No está demasiado claro quién debería colgarse la medalla de prolongar otro año la gratuidad del transporte público para personas residentes en Balears. No está demasiado claro aunque todos los protagonistas de esta historia se hayan apresurado a ello. Es muy difícil entender lo sucedido esta semana sin atender al complejo juego de equilibrios de la política estatal. Y es que, tanto en este asunto como en otros –y transcurridos más de 42 años desde que Balears se convirtió en comunidad autónoma– la política estatal marca el devenir de los debates parlamentarios.
Ni la oposición al presidente Pedro Sánchez ni a su Gobierno está estrictamente liderada por Alberto Núñez-Feijóo ni parece que cuando la presidenta balear, Marga Prohens, responde cada martes a la oposición en el Parlament esté viendo en su escaño al portavoz socialista Iago Negueruela. Durante una parte de su mandato –y todavía en algunas cuestiones– la líder del Ejecutivo y del PP de las Islas parecía estar pensando en su antecesora en el Consolat de Mar, Francina Armengol. Pero ahora está bastante claro que a quienes se dirige cuando plantea sus propuestas es a Pedro Sánchez y a su delegado en las Islas y exalcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez.
La doble convocatoria electoral de 2023, autonómicas en mayo y generales en julio, dibujó un panorama en que las comunidades autónomas estaban en su mayoría en manos del PP (con las excepciones habituales de Catalunya y País Vasco) y el Gobierno estatal era de una coalición dominada por el PSOE gracias a su exigua mayoría y a una salvaguarda que se fijó en la Constitución de 1978: que en contra de lo que sucede en otros países de Europa, cualquier moción de censura tuviera que ser ‘constructiva’, es decir que no bastaba con derribar a un presidenta o presidenta de Gobierno sino que había que proponer una alternativa. Todo eso, y la mayoría clara del PP en el Senado unida a su papel protagonista en las comunidades gracias a Vox, explica lo que ocurre ahora: la práctica desaparición del juego político autonómico en beneficio del marco estatal.
Nada apunta a unas elecciones anticipadas en Balears –esa carta que nadie ha jugado todavía, igual que nunca se ha jugado la de la moción de censura– y la presidenta Prohens lo ha vuelto a dejar claro esta última semana. Pero eso no quita que el ambiente sea claramente electoral. Igual que Feijóo imaginó que las elecciones autonómicas de 2023 serían la primera vuelta de unas generales –y quizá lo hubieran sido sin el precipitado pacto de Mazón con Vox en Valencia– ahora saben todos los gobiernos del PP que los límites entre política regional y estatal han desaparecido. Todos los presidentes y todas las presidentas de las comunidades hacen oposición a Sánchez y la oposición de este son las comunidades.
El PP, además, pasa por otra circunstancia añadida que no afecta al PSOE: que Vox le puede quitar muchos votos, bastantes más que los que Podemos o Sumar puede quitarle al PSOE. Y en ese escenario hay que incluir también otra circunstancia que se puso de manifiesto en el último consejo político que celebró Més per Mallorca antes de su asamblea del viernes: que Lluís Apesteguia tiene claro que hay que cerrar un acuerdo con la izquierda.