El Ministerio de Trabajo presentó el 13 de enero un extenso informe de 500 páginas sobre democracia en el trabajo que revolucionaría el modelo empresarial español. El documento, elaborado durante un año por una comisión de expertos internacionales, propone transformaciones radicales en la relación entre empleados y empresas, estableciendo mecanismos obligatorios de participación en la propiedad y gestión corporativa. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado el texto como un «manual para democratizar las empresas españolas». A partir de ahora, su departamento abrirá negociaciones en el marco del diálogo social con organizaciones patronales y sindicatos para trasladar estas propuestas a una futura normativa legislativa.
El objetivo declarado por los expertos es doble: permitir que los trabajadores participen en la gobernanza empresarial y que accedan simultáneamente a la propiedad de los medios de producción, un cambio de paradigma que afectaría potencialmente a miles de compañías en territorio español. Una de las medidas más revolucionarias del informe establece que las empresas con 25 o más trabajadores estarían obligadas a otorgar a su plantilla un porcentaje mínimo del 2% de las acciones de la entidad. Este umbral se incrementaría progresivamente según el tamaño de la organización.
Para las corporaciones que superen los 1.000 empleados, el porcentaje de acciones en manos de los trabajadores debería alcanzar al menos el 10%. La comisión sugiere que esta propiedad se gestione mediante un fideicomiso u otro vehículo jurídico apropiado que garantice los derechos de los empleados. Esta propuesta supondría una transformación sin precedentes en España, donde la participación accionarial de los trabajadores es actualmente muy limitada y depende exclusivamente de la voluntad de cada empresa. El modelo pretende redistribuir la riqueza generada y alinear los intereses de empleadores y empleados.
Más allá del acceso al capital, el documento plantea umbrales legales mínimos para la participación en la toma de decisiones. Las empresas con una plantilla de entre 50 y 1.000 trabajadores deberían reservar al menos un tercio de los puestos en el consejo de administración para representantes de los empleados. En el caso de las grandes corporaciones con más de 1.000 trabajadores, la mitad de los puestos del consejo deberían estar ocupados por miembros elegidos por la plantilla. El informe contempla varias opciones de implementación, permitiendo que el voto de los trabajadores se canalice a través del comité de empresa o mediante una representación específicamente designada para el órgano de gobierno.
Esta medida acercaría a España a modelos consolidados en otros países europeos, especialmente en Alemania y los países nórdicos, donde la cogestión empresarial está profundamente arraigada en la cultura corporativa desde hace décadas. Isabelle Ferreras, socióloga belga y presidenta de la comisión de expertos, ha sido contundente al señalar que España se encuentra «entre los países menos desarrollados» de la Unión Europea en materia de democracia empresarial. Actualmente, 18 de los 27 Estados miembros reconocen legalmente el derecho de los trabajadores a estar representados en los consejos de administración.
«España está a la cola del tren europeo», ha criticado Ferreras durante la presentación del informe este lunes en Madrid. La experta ha defendido la necesidad de transitar desde un régimen de poder extractivista centrado exclusivamente en el accionista hacia un esquema democrático que integre las voces de quienes generan valor en las organizaciones. Sin embargo, no se ha realizado una comparación similar respecto a la propuesta de acceso a la propiedad accionarial, una medida que resulta más innovadora y menos extendida incluso en el contexto europeo avanzado.
¿Por qué en cambio no forman a los trabajadores para que creen sus propias empresas (cooperativas por ejemplo) y dejan de molestar a los empresarios que ya están hasta el cuello de normativas y obligaciones? Buscan hacer creer que el empresario medio español es Juan Roig o Amancio Ortega, la realidad es que el emprendedor español medio vive al día y ahogado entre préstamos bancarios, pasivos laborales, deudas con Hacienda y cada vez le aprietan más. Vamos, que si seguimos así, este gobierno comunista dejará una España sin tejido empresarial. Pero claro, es muy fácil dictar normativas contra las empresas cuando en tu vida has emprendido y siempre has vivido del cuento. Mientras tanto los políticos españoles con sueldos de CEO de multinacional y sin dar un palo al agua. Doña Yolanda, la comunista, por ejemplo, se embolsa más de 100.000€ al año solo de nómina, sin contar todos sus otros ingresos (dietas, ático de más de 400m2, un ejército de asesores, etc, etc).