Los cuatro principales partidos que aspiran a gobernar o a tener una representación decisiva en el Congreso mantienen posturas diferentes respecto a la okupación, aunque todas coinciden en la defensa de la propiedad privada.
La situación actual es que la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu en esta última legislatura, no habla de la ocupación como movimiento social sino que esta constituye un delito de usurpación, que se resuelve con un desahucio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si el propietario interpone una demanda judicial. La ley ralentiza la desocupación porque quienes inician el proceso deben justificar, por un lado, que no son grandes tenedores (más de 5 viviendas) y por otro, si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual.
PSOE: la derecha sube el alquiler y crea alarmismo
El PSOE propone ahora en su programa electoral que se garantizará el desalojo de los okupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas. También se compromete a combatir «las estructuras mafiosas que delinquen con las okupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades». Pepe Mercadal, número 2 al Congreso por el PSOE en Balears, afirmó ayer que su partido realizará «reformas legislativas para que en un máximo de 48 horas se desocupe», ahora bien, se mostró en desacuerdo con la intervención de empresas privadas en el proceso, como ocurrió ayer en Maó. «El trabajo de garantizar la propiedad privada lo debe hacer el Estado, y si se retrasa hay que mejorar los procesos, al mismo tiempo que se garantiza el derecho a la vivienda».Según Mercadal, «la derecha crea alarmismo con la okupación para tapar el problema real del precio y el acceso a la vivienda, es quien sube los alquileres e intenta poner el foco en problemas que son minoritarios». Lamenta que haya tantos pisos vacíos, «con el problema que hay de acceso a la vivienda eso no puede ser», y apuesta por negociar con el ‘banco malo', la Sareb, para que sus inmuebles se destinen al alquiler social.
Vox: solidaridad, pero no a costa de los propietarios
Vox defiende en su programa la tolerancia cero con la okupación ilegal, plantea la reforma del Código Penal y las leyes de Enjuiciamiento Civil y Penal para proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de okupación o la entrada ilegal de un ‘okupa' en su vivienda. El candidato Santiago Barber, número 5 en la lista que lidera Jorge Campos al Congreso, señaló ayer que Vox está a favor del desalojo del edificio Marina de Mahón «y de cualquier otro que se haga de acuerdo con la legalidad y tenga como objetivo reintegrar la posesión de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios». Como ya expuso Barber en el reciente debate de candidatos al Congreso, Vox está en contra de la okupación tanto si se produce en la vivienda de un particular como si esta pertenece a un banco. «La protección y solidaridad con los vulnerables de nuestra sociedad no debe hacerse en ningún caso a costa de la propiedad privada de nadie», asegura el político de Vox, «sino a través de las acciones de las administraciones públicas competentes».
Sumar Més: nadie debería quedarse en la calle
El programa electoral de Sumar, que abandera Yolanda Díaz, no menciona la okupación. Sí especifica su intención de convertir la Sareb en una herramienta pública que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda. En Balears, la coalición Sumar Més, cuyo representante menorquín en la lista al Congreso es Esteve Barceló (número 3), también propone, dentro de su programa específico para las Islas, la transmisión de los pisos de la Sareb (al menos la parte proporcional de la participación estatal en esta y otras entidades) para que los gestiones la Comunidad Autónoma y se puedan dedicar a vivienda social. Además de limitar la compra a no residentes y modificar la Ley de Vivienda para bajar los precios del alquiler y que este no supere la tasa de esfuerzo del 30 por ciento, el uso de los pisos de la Sareb es una de las propuestas fundamentales de Sumar Més. «La Sareb es de capital público y nuestra propuesta es negociar para que estos pisos se destinen a vivienda pública social para dar solución a este problema», declaró Esteve Barceló.
El candidato rechaza que la coalición defienda la okupación, como le echa en cara la derecha, «pero tampoco queremos que nadie se quede en la calle», y añade que en la okupación hay matices, «es muy distinto quien lo hace por desesperación que quien lo hace por gusto o ideología», afirma.
PP: ejemplo de «la pésima gestión de armengol»
El PP lleva en su programa la derogación de la Ley de Vivienda actual y en su lugar propone un pacto de Estado por la vivienda. En cuanto a la ocupación, promete medidas para desalojar en un plazo máximo de 24 horas, que las viviendas okupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria, e impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados. El candidato del PPal Senado, Cristóbal Marqués, señala, en el caso concreto de Maó, que confía en que si hay personas vulnerables estas sean protegidas por los servicios sociales del Ayuntamiento. También afirma que el PP «ampara a las fuerzas de seguridad en su difícil labor, dándoles garantías y certidumbres, antes que acudir a empresas privadas».
Marqués critica que la vivienda «es el ejemplo más claro de la pésima gestión de Francina Armengol, que ha situado nuestra Comunidad como la más cara en el acceso a la vivienda». Además, añade, la nueva ley de Vivienda de Sánchez «es una chapuza que quita pisos y casas del mercado de alquiler y que se debe cambiar de forma urgente».