Puestos a revisar normativa vigente en el análisis realizado a partir de la denuncia sobre las irregularidades en la contratación y pago por el trabajo de las DEM, la Oficina Anticorrupción habla también del posible incumplimiento del código de buen gobierno del Consell. El informe señala la posible vulneración de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público por parte de Cardona y de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de Miquel Maria y considera que esos hechos acarrean el incumplimiento del código de buen gobierno del Consell, que rige tanto para miembros de la institución como para los miembros del IME.
La autora del informe echa mano del contenido del citado código ético, que establece que «los miembros electos y no electos del Consell han de respetar las obligaciones derivadas de su cargo y, especialmente, la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses, los deberes de honestidad, buena fe, sigilo y discreción en relación con los datos e informes de los cuales tengan conocimiento por razón del cargo», cita textualmente.
La cuestión de las incompatibilidades aparece en otro párrafo en el que se expresa que los representantes insulares han de evitar toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las administraciones y «no han de implicarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y han de abstenerse de intervenir en los asuntos en los que concurra alguna causa que pueda afectar su objetividad», según recoge el código de buen gobierno del Consell.
El informe de la Oficina Anticorrupción entiende que si supuestamente se ha vulnerado la normativa de contratación y de los conflictos de intereses, también ha sido vulnerada esta normativa aprobada en su día para garantizar una acción política limpia y sin sospechas.