El GOB ha anunciado que llevará a los tribunales la reforma de los hoteles de Son Bou, amparada en la licencia concedida por el Ayuntamiento de Alaior con la que permite segregar y utilizar parcelas cercanas, y así cumplir el Plan General. La idea de Melià es poder reducir parte de la altura del hotel Milanos-Pingüinos a cambio de poder edificar en estas dos parcelas adyacentes.
Los ecologistas en su día ya denunciaron haber detectado graves errores en esta operación, ya que «se pretende convertir zonas verdes en una parcela edificable», algo que entiende que no es ajustado a derecho. Por ello, ha decidido dar un paso adelante y que sea la Justicia la que dictamine si se cumple la legalidad.
La denuncia del GOB, además de referirse al uso de parcelas verdes como edificables, también reluce que estas «no llegan al mínimo exigido en el planeamiento municipal», a la vez que también reflejará que se «obstaculariza la transparencia en la documentación pública».
El objetivo final de toda esta batalla, que hace ya años que libra el GOB contra los hoteles de Son Bou, es por el impacto estético y paisajístico que esto complejo ocasiona en Son Bou, y que no solo no se aproveche la reforma para reducirlo sino, entienden los ecologistas, que «se amplía este impacto aún más». En este sentido, recuerda que ahora los hoteles tienen 12 plantas, y con la reforma «se retocan las esquinas, pero se mantiene la altura y se añaden cinco plantas de construcciones laterales».
El GOB cree que «no parece lógico, que en los tiempos que estamos, los grandes hoteles de los años setenta mantengan las mismas plazas y aumenten el volumen de sus edificios en primera línea de mar«. Algo que, entienden los ecologistas, «no desestacionaliza», sino que «masifica y se degrada la imagen de la Isla».
Como se recordará Melia International presentó el proyecto en 2017, y fue cuando el GOB descubrió que cuando se construyeron los complejos no se cumplieron las dimensiones de la parcela fijadas por la licencia, lo que obligaba a cara a la reforma del futuro cumplir con estas condiciones. El GOB cree que el edificio actual está en situación de «ilegalidad» y que este no se puede reformar hasta que «se adapte a las condiciones urbanísticas actuales, que son de planta baja más dos». Ante ello, lo que planteó la promotora al Ayuntamiento es poder utilizar estas parcelas adyacentes (que ahora están en el foco de la polémica) y contar así con una extensión de terreno suficiente para cumplir con el Plan General de Alaior.
Campaña
Para financiar la presentación del recurso contencioso contra todo este proceso el GOB ha puesto en marcha una campaña para recaudar los 14.000 euros que estima que pueden ascender los gastos judiciales. Los ecologistas piden a sus socios y simpatizantes que ayuden a la causa con donaciones que se pueden hacer mediante transferencia bancaria, pagando directamente con tarjeta bancaria o Paypal o haciendo un bizum.