La familia que construyó y gestionaba Los Bucaneros de Binibèquer recibió el pasado miércoles 23 un requerimiento por parte del Ayuntamiento de Sant Lluís firmado por la alcaldesa del municipio, Loles Tronch. En él se les insta a hacer entrega de las llaves del establecimiento, el cual se encuentra cerrado y en disputa judicial por su concesión desde enero del año 2022.
Además, el consistorio también les insta a «retirar cualquier tipo de enser o mobiliario no fijo del interior del edificio» en un plazo de diez días desde la recepción de la misiva. En caso de no hacerlo, el mismo escrito asegura que cuando el Ayuntamiento tome posesión del edificio, «entenderá que cualquier mobiliario o enser que existiera en su interior ha sido abandonado y por ende, se considerará de propiedad municipal».
Por otro lado, el Consistorio avisa de que si no se entregan las llaves antes de las 9 horas de la mañana del próximo viernes 8 de septiembre, se procederá a «la apertura del candado con presencia de la fuerza policial y Secretario o Funcionario del Ayuntamiento habilitado a los efectos de levantar acta del desarrollo de la actuación a practicar y del estado de conservación y bienes existentes en su interior, una vez abierta la dependencia (caseta)».
La familia solo responderá ante Costas
Frente a esta situación, la familia Moysi presentó este lunes un recurso de forma telemática ante el Ayuntamiento de Sant Lluís. En dichas alegaciones, el portavoz de la familia fundadora del chiringuito, Joaquín Sanchis, solicita la nulidad del requerimiento notificado por el Ayuntamiento.
Además, también suplica a la Corporación que se «abstenga de realizar nuevas actuaciones» frente a la familia. Y es que la familia Moysi considera que tan solo deben responder frente a la Administración «concedente y titular de la correspondiente porción del dominio público marítimo-terrestre», que en este caso es la Administración General del Estado. Es decir, la Demarcación de Costas.
El apunte
El otorgamiento de la concesión de la caseta todavía no es firme
El Ayuntamiento de Sant Lluís se convirtió de forma definitiva en el concesionario de Los Bucaneros el pasado 14 de julio. Eso en teoría. Sin embargo, esta concesión todavía no es firme a la práctica porque la familia Moysi disponía de un mes para presentar recurso por la vía administrativa y un plazo de dos meses para recurrir por vía contencioso-administrativa. Finalmente, la familia decidió acudir directamente a esta última.
Por tanto, considera que el Ayuntamiento no tiene ningún derecho a pedirle las llaves. En todo caso, esa solicitud «tan solo la podría realizar la Demarcación de Costas», indican.
Analizando la situación, Joaquín Sanchis cree que el Ayuntamiento está siendo «mal asesorado jurídicamente». A su vez, se muestra sorprendido porque el actual equipo continúe con la iniciativa del anterior, «a pesar de que políticamente defendían lo contrario». Es por ello que insiste en el «diálogo» en busca de un acuerdo para evitar que Los Bucaneros «siga deteriorándose».