El PSOE advierte del «conflicto de intereses» en el que puede incurrir repetidamente la actual consellera de Vivienda y Movilidad del Govern, Marta Vidal Crespo (Barcelona, 1977), por el papel activo que, como asesora jurídica de promotoras y administradora de empresas, ha desempeñado estos últimos años en recursos y contenciosos contra la administración.
La petición que la propia Vidal ha cursado al Consell para que una persona del Govern pueda formar parte por vez primera de la Comisión Técnica Asesora de Ordenación del Territorio en Menorca ha puesto en alerta a la oposición y al GOB.
El coordinador de la organización ecologista, Miquel Camps, teme que la inclusión del Govern en la comisión responda a un interés real de dirigir el diseño territorial de Menorca desde Palma. «El Consell ya es plenamente competente y no necesita que esté el Govern. ¿Por qué este empeño en incluirlo? Nuestro temor es que se quieran modificar sustancialmente diversos aspectos desde el Govern y el Parlament, sin que el Consell pueda poner objeciones».
El portavoz de Més per Menorca, Josep Juaneda, culpa al Consell de «agachar la cabeza ante las directrices de Palma. Ha aceptado que un comisario político fiscalice su competencia. Y que lo haga a través de un representante de la consellera que, a su vez, ha representado a promotores urbanísticos y turísticos».
Abogada en la esfera privada
«Como abogada y en la esfera privada, ha representado a promotores que mantienen expedientes abiertos por obras ilegales, declaraciones de interés general en el campo o que han presentado contenciosos contra el Consell y los ayuntamientos. Así que no es nada estético, y resulta hasta reprobable, que pueda ponerse ahora al otro lado de la mesa», censura Eduardo Robsy.
El conseller socialista cree que haberse desvinculado de su función de letrada por incompatibilidad con el cargo público que ahora ostenta «no evita el conflicto de intereses que puede producirse, y más aún con la coincidencia de que quiera tener presencia en la comisión. La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo».
«Puede ser discutible a nivel jurídico, pero a nivel ético se hace muy difícil justificar que la consellera ahora pueda decidir sobre casos de promotores que tienen problemas con la legalidad y a quienes ella ha asesorado», apunta el coordinador del GOB, Miquel Camps. Y pone el ejemplo del agroturismo de Torre Vella, en Alaior, con una propuesta de sanción de millón y medio de euros impuesta por el Consorcio de Disciplina en Rústico. Camps sospecha también de «la amnistía urbanística que se ha anunciado en suelo rústico y que podría beneficiar a los particulares a los que ella ha asesorado y que tienen expedientes abiertos por edificar sin licencia».
Robsy, por su parte, apunta al Splash, el parque acuático de Biniancolla cuyo interés general alentó siendo consellera «con el argumento de que contribuye a desestacionalizar, cuando queda claro que nadie viene a Menorca en invierno a bañarse en una piscina. Tal fue la oposición de los técnicos del Consell que tuvo que recurrir a un despacho externo para acreditarlo y sin un solo informe interno a favor». La sentencia contraria en los tribunales y la posterior anulación de la licencia han llevado al promotor a amagar con reclamar más de 30 millones de indemnización.
El PSOE estrecha así aún más el cerco a la consellera, después que haya denunciado ante la Oficina Anticorrupción la presunta incompatibilidad en la que habría incurrido por haber seguido administrando las dos sociedades de las que participaba (Fonaments 2020 y MV Urbanismo) en sus primeros meses en el Ejecutivo.
Del conflicto de intereses del señor Robsy como familiar directo de la propietaria de una de las 2 inmobiliarias mas conocidas de Menorca y, como propietario de infinidad de inmuebles incluyendo un hotel nunca hemos oido un mísero comentario. Señores del Pp espabilad que os vacila hasta el mas niño de mamá del Psoe o, tal vez los intereses de alguno de vuestros miembros también estén en juego si sacáis este tema a pasear.