La Casa de la Infancia de Menorca estaba sumida hasta hace, al menos, dos años en el más absoluto descontrol y sin garantizar la debida protección a los menores que tenía bajo su tutela.
El expediente disciplinario abierto a la que fuera directora del centro entre la primavera de 2021 y enero de 2022, Inmaculada Granell, y su posterior destitución por faltas muy graves de desobediencia e incumplimientos ha destapado la alarmante gestión que se hacía de la atención a los menores.
Así se desprende de las informaciones contenidas en el expediente del Consell insular, a las que ha tenido acceso «Es Diari» y que no han sido rebatidas por los anteriores y actuales responsables del servicio consultados por este rotativo. Los documentos revelan que el personal no estaba formado, era insuficiente y, según la exdirectora, «no daba abasto para reflejar absolutamente todo lo que ocurría» en el centro.
El número de menores a atender era también «excesivo», mayor que las plazas disponibles (19, sobre una capacidad de 14 camas), «con problemas de salud mental y de socialización de casi todos ellos», y sin que hubiera separación alguna entre sus distintos «perfiles». Eso hacía que convivieran en un mismo edificio jóvenes que «debería ser asistidos en tres centros diferentes».
Así, cohabitaban juntos los adolescentes aquejados de discapacidad intelectual con «los diez que sufrían problemas psiquiátricos graves», los que se hallaban en situación de desamparo y los afectados por trastornos de conducta, en su mayoría agresivos y cautivos del consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, durante los ocho meses en que Granell dirigió el centro, tres menores tuvieron que ser trasladados a la residencia de internamiento de Es Pinaret, en Mallorca.
En la Casa de la Infancia de Maó se juntaban los jóvenes cercanos a la mayoría de edad «fácilmente influenciables y con pocas expectativas de futuro personales, familiares y sociales», con aquellos que mantenían «estrechos contactos fuera del centro con problemas relacionados con las drogas y la delincuencia».
Pero no había apenas tiempo para realizar tutorías individuales con los menores, lo que hacía «casi imposible avanzar en su proceso psicoeducativo».
Siempre según la versión esgrimida en los recursos por la exdirectora, tampoco había protocolo alguno de coordinación aprobado formalmente a nivel interno, una grave carencia que había advertido también la antigua asesora jurídica del centro.
La coordinación entre los diferentes equipos del servicio era, según la exdirectora, «caótica y nefasta». Se trabajaba de forma tan deslabazada que el historial de varios de los menores llegó a eliminarse por indicación del entonces -y actual- jefe del servicio, Jesús Barrasa.
En enero de 2019, a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos, se implantó una aplicación informática para digitalizar los expedientes de todos los menores acogidos por el Servicio de Infancia y Familia, pero solo unos pocos técnicos tenían acceso a esta herramienta, cuyo uso no se generalizó hasta marzo de 2021, es decir, más de dos años después de estar operativa.
Durante todo este tiempo, los educadores sociales de cada menor tuvieron que guardar la información en documentos de papel, en un diario del centro o en una carpeta compartida, de la que, según admitió la entonces directora insular Pilar Carrasco, «se eliminaron carpetas sin haber subido antes a Silmeexpedients» (la App) todos los documentos.
Una tarea «laboriosa»
Centralizar toda la información en la nueva herramienta resultó tan «laborioso» que, admitió Carrasco en un correo electrónico, «nos hemos enredado y hemos ido eliminando carpetas de la unidad compartida sin haber pasado antes los documentos que forman parte del expediente».
Inmaculada Granell asegura en su recurso que, pese a que se dio entonces acceso a la aplicación al resto de profesionales del servicio, «no se les hizo ningún curso ni formación específica acerca de su funcionamiento, ni tampoco se les pidió en ningún momento que utilizasen este nuevo sistema de registro de los expedientes».
Expulsión
Pese al extenso pliego de alegaciones, el expediente quedó resuelto de forma definitiva el mes de enero de este año, cuando la sanción y expulsión de la exdirectora adquirió plena firmeza. Y eso fue así porque Inmaculada Granell declinó emprender la vía contenciosa contra el Consell para poner lo sucedido en manos del Tribunal Superior de Justicia.
Según la exdirectora, las «carencias organizativas y estructurales y la falta de protocolos de funcionamiento y coordinación» ya existían «antes» de que tomara posesión de su cargo.
La situación de la Casa de la Infancia que se detalla en la documentación es inmediatamente posterior a la presunta implicación de chicas tuteladas en delitos de prostitución, corrupción de menores y tráfico de drogas, un caso que fue investigado pero que el Juzgado número 1 de Maó acabó archivando el año pasado.
Generico
Las infracciones
Desobediencia
El Consell imputa a la exdirectora que desobedeciera de forma abierta y reiterada las órdenes de sus superiores, pero ella alega que ya antes de entrar había una gran descoordinación y no existían protocolos, sino meras «indicaciones o directrices proporcionadas en reuniones de equipo del centro»..
No documentar los datos de los menores
Según el Consell, faltó a su obligación de informar y documentar todas las actuaciones sobre los menores tutelados. Pero la exdirectora arguye que se guardaba todo en papeles o carpetas compartidas y que el sistema informático que se puso para digitalizar la información tardó más de dos años en poder utilizarse.
Inhibirse en la denuncia de delitos
No denunció al Ministerio Fiscal delitos ejercidos sobre menores en guarda residencial y «se desentendió de la denuncia alegando que otros técnicos lo supieron antes y, por tanto, les corresponde a ellos denunciarlo». La exdirectora replica asegurando que nunca se ha negado a denunciar abusos y que la psicóloga necesitaba comprobar antes la veracidad de los hechos, «y esto difícilmente se puede hacer en una sola entrevista».
Derivar decisiones en personas inadecuadas
Según el Consell, no dio «instrucciones claras que permitan la toma de decisiones informadas y compartidas», lo que provocó que las derivara en profesionales «inadecuados», provocando así el consiguiente «desconcierto del personal del servicio». También «desconsideró» a la familia de una menor, modificando unilateralmente los acuerdos para que fuera atendida en el centro y dejó que saliera y pernoctara fuera.