Cuando el pasado abril la Conselleria de Salud pidió explicaciones a Hidrobal por el exceso de nitratos detectado en una muestra aleatoria del agua de la red de Malbúger, la empresa concesionaria redujo los problemas de funcionamiento de la desnitrificadora y achacó el mal resultado de las analíticas a episodios puntuales, derivados de las labores de mantenimiento de la instalación.
El Govern sostiene que ante la respuesta de la empresa, achacando la no potabilidad del agua a un desajuste ocasional y aportando unas analíticas de mayo, junio y julio a priori correctas, Salud Pública dio por buena la información de Hidrobal y entendió que la planta funcionaba correctamente, algo que meses después se ha visto que no era cierto.
La Dirección General de Salud Pública negó ayer en una nota de prensa que estuviera informada del mal funcionamiento de la planta, «ni la empresa ni el Ayuntamiento lo comunicaron hasta el pasado 30 de septiembre», después de las informaciones aparecidas en prensa, «como tampoco se informó de la desconexión de la planta de la red de suministro desde noviembre de 2023», lo que constituye una ilegalidad.
Ante la incidencia detectada en abril, Salud requirió a Hidrobal que la corrigieran de inmediato y revisara el plan sanitario de Maó. La empresa, tal y como indica el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios de calidad del agua de consumo, en caso de confirmarse una incidencia tiene la obligación de comunicarlo a la autoridad sanitaria y adoptar medidas preventivas de inmediato. La directora general de Salud Pública, Antònia Esteban, afirmó ayer en declaraciones a «Es Diari» que «nada nos hacía pensar que la planta no funcionaba», después de que Hidrobal les informara de que el valor elevado de nitratos detectado en abril (52 miligramos por litro) se debía a los trabajos de limpieza y desinfección que requería la instalación, al tiempo que anunciaba mejoras como la instalación de dos sondas redox a la salida de los reactores biológicos.
Esteban insistió ayer en que la empresa es la responsable de cumplir la normativa del agua de consumo e informar de cualquier alteración, así como el Ayuntamiento, administración competente en la gestión. Salud Pública asume una tarea «de vigilancia» que en este caso, manifestó, se obstaculizó por una información sesgada de Hidrobal.
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