El incremento de las tarifas que se viene registrando en los últimos meses la ruta entre Menorca y Barcelona amenaza con hacer estéril la propuesta del Ministerio de Transportes de «suprimir los precios abusivos» limitándolos por medio de una Obligación de Servicio Público (OSP). El sistema que ha puesto sobre la mesa la Dirección General de Aviación Civil para establecer una tarifa máxima se calcula en relación con el histórico de precios del último año y ese cómputo va creciendo a medida que pasan los meses.
Para fijar este tope tarifario, que todavía no ha sido aprobado a la espera del visto bueno de la administración local, Aviación Civil ha optado por una fórmula muy conservadora con la que busca recibir el visto bueno oficial de la Comisión Europea, siempre celosa con las medidas que alteran las condiciones de libre mercado. Selecciona aquella tarifa por debajo de la cual volaron el 95 por ciento de los pasajeros en el último año. El tiempo va pasando y el importe máximo resultante cada vez se acerca más a los extremos abusivos que se querían combatir.
Según la documentación oficial a la que tuvo acceso este diario hace unos meses, en mayo de 2023 era de 160 euros y en enero de 2024 había subido a 170 euros (42,5 euros aplicando el descuento sin tener en cuenta las tasas). Ahora, diez meses después, fuentes del sector aeronáutico, confirmadas por este diario, ya elevan esa cantidad hasta los 230 euros (57,5 euros para residentes).
Para entender la situación hay que tener en cuenta que la puesta en marcha de una OSP experimental en la ruta entre Menorca y Barcelona se ha encontrado desde el inicio con la oposición frontal y enconada de las compañías aéreas, que vienen advirtiendo a través de su patronal de que no se cumplen en esta ruta las condiciones para la intervención estatal y que ésta –que ya ha sido denunciada ante la Unión Europea– terminaría derivando en un efecto pernicioso para los usuarios que se puede resumir en la siguiente lógica. Las aerolíneas terminarían subiendo las tarifas de forma generalizada por debajo del límite impuesto, los viajeros responderían reduciendo su demanda por volar y, en consecuencia, el sector moderaría su apuesta por la ruta ordenando un recorte de la conectividad.
Es en este contexto de disputa, aunque no se puede afirmar que se causa directa, en el que las compañías que operan a lo largo del año la ruta con Barcelona han venido aplicando incrementos en los precios, al menos en los más gravosos para el pasajero, algo que resultaría complicado de demostrar, si no fuera porque es desde el propio sector desde el que llaman la atención sobre el aumento del cálculo de la tarifa máxima, como hemos visto vinculada al histórico de precios, hasta los 230 euros.
Precedente
El lobby de las compañías aéreas está presentando dura batalla a todos los niveles contra esta OSP experimental que quiere poner en marcha el Gobierno, cabe recordar, en respuesta a la demanda de soluciones a los precios abusivos que le llegó durante el pasado mandato desde el Govern y el Consell. La razón de este celo manifiesto del sector no se limita a la ruta entre Menorca y Barcelona, sino que trata de evitar que se siente un precedente contra la libre fijación de los precios. En ese sentido, hay que recordar que el Gobierno pretende impulsar la medida no solo en esta ruta, sino también en la Lanzarote-Madrid y la Melilla-Madrid.
Mientras el tiempo corre a favor de las compañías aéreas, desde el Consell insular, la institución que tiene en estos momentos la pelota sobre su tejado, aseguraban ayer que han presentado alegaciones contra la propuesta del Ministerio, de la que han recelado desde el principio, reclamando que un cambio de propuesta para asegurar «el mantenimiento de la las frecuencias y por lo tanto de la conectividad», algo en lo que en un principio el Gobierno no ha querido entrar para no alterar más el libre mercado ante la vigilante mirada de la UE.
Nos toman el pelo, toman el pelo a todo el gobierno y a toda la gente. Con precios de risa llenarían cada avión, saben que España subvenciona y se aprovechan. Llevan años así, ni con un 90% subvencionado costaría menos de 100€. Estafadores y mafia.