260 vecinos de Cala en Blanes han interpuesto una denuncia colectiva ante el Ayuntamiento de Ciutadella y la Comisaría de la Policía Nacional para reclamar que se erradique «con la máxima y urgente celeridad el foco de delincuencia e insalubridad» en que se ha convertido la «ocupación ilegal» del antiguo centro comercial abandonado de la avenida de Calespiques, popularmente conocido como de los ‘cristales rotos’.
Los afectados, que han dedicado estas últimas semanas a recoger firmas en la urbanización, piden que se evalúe el posible estado de ruina de las edificaciones, que sospechan pueden estar aquejadas de aluminosis, y se inste su demolición ante el «riesgo evidente para la seguridad de los propios ocupantes». Así pretenden que se resuelva «de raíz» el problema que vienen sufriendo desde hace décadas, y que se ha agravado últimamente, para evitar actos delictivos contra los vecinos y su patrimonio.
Los firmantes alertan explícitamente al alcalde Llorenç Ferrer y a los concejales de Policía, Urbanismo y Salubridad Pública para que tomen medidas y les avisan de las «fatales e irreparables consecuencias» que podría acarrear la «inacción» municipal.
El propio presidente de la asociación de vecinos, Joan Benejam, y otros residentes directamente afectados se han reunido estos últimos días con responsables municipales y de la Policía para informarles de la iniciativa. De hecho, en la instancia se reservan «el derecho a iniciar los expedientes administrativos y judiciales que se estimen necesarios si el Ayuntamiento no toma medidas con la celeridad que la situación requiere para solucionar esta gravísima y urgente problemática».
La denuncia explica que la «ocupación progresiva» de los locales ha pasado estos últimos meses de ser pacífica a conflictiva, generando un grave problema de seguridad y salubridad. «Cada vez con mayor frecuencia, se producen peleas, disputas y movimientos sospechosos de personas», que los vecinos creen que están vinculados a actos de delincuencia y tráfico de drogas. «Es un peligroso foco de criminalidad», apuntan, y lo relacionan con diversos robos perpetrados en la urbanización y con el uso de armas blancas.
Todo ello «eleva exponencialmente la sensación de inseguridad y temor» del vecindario. A uno de los denunciantes, por ejemplo, le destrozaron el seto, obligándole a instalar una valla que le diera mayor protección. A otra la acorralaron diversas personas, bloqueando e impidiendo el paso del coche que conducía «durante un tiempo considerable», lo que -relata- le generó una situación de angustia.
Pero tan grave como la inseguridad es, en su opinión, la situación insalubre en que se encuentra el complejo. «La finca está repleta de basura y residuos, los ocupantes realizan allí mismo sus necesidades, sin sistema de evacuación alguno, y viven hacinados en un espacio reducido». Hay hedor y fauna silvestre correteando por la zona y, «de forma alarmante, los ocupantes encienden fuego de manera habitual, desprendiendo en muchas ocasiones un fuerte olor a humo y quemado». Igualmente -remarcan- «se aprecia un evidente consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes entre los propios moradores, lo que propicia altercados a altas horas de la madrugada».
Aunque la Policía tiene constancia de que actualmente solo hay siete personas viviendo en los ‘cristales rotos’, los vecinos aseguran que la situación «está empeorando de forma insostenible». Según su denuncia, hay farolas del alumbrado público con el cableado manipulado y abierto, lo que les hace sospechar que también sustraen electricidad.
El presidente de la asociación de vecinos, Joan Benejam, teme que, sin voluntad política, su demanda caiga en saco roto. Por eso, junto a otras promotoras de la denuncia, trata de contactar con los bancos y empresarios que se quedaron con la propiedad de los nueve locales cuando el centro comercial quedó inconcluso. Lo habían impulsado en los años 90 las sociedades vascas Salsamendi SA e Interficsa. Los residentes, que en su día intentaron que el Consell lo expropiase para transformarlo en centro sociosanitario, se contentarían ahora con derribarlo y crear en su lugar una zona verde.
Lladres okupes i inmigrants il·legals, aquest és es tipus de "turisme" que volen, criden i fomenten des de s'esquerra sanchista, Podemos i Sumar. Un tipus de turisme que quan arriba ja no se'n va mai més i que en tost de deixar doblers l'hem de mantenir entre tots amb es nostros impostos. Mentre a noltros ens pujen impostos i inflació a molts d'aquests encara es d'hi donen paguetes.