El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha ordenado dejar en suspenso el procedimiento de contratación de la reforma de la carretera general a su paso por Rafal Rubí. El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha decidido paralizar el proceso como medida cautelar mientras se resuelve el recurso presentado por el PSOE-Menorca, en el que denuncia la ausencia en el expediente de un aval de la Unesco que garantice que la finalización de la rotonda a doble nivel no afectará a los bienes incluidos en la declaración de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial.
En la resolución adoptada, el Tribunal afirma que el análisis de los motivos que fundamentan la interposición de recurso por parte del PSOE-Menorca «pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación», por lo que entiende que procede ordenar la suspensión cautelar hasta el momento en que se dicte la resolución del recurso.
De ese modo, el Tribunal deja claro que todavía no se ha resuelto el fondo de la cuestión, pero que, mientras se analiza, se «impide la prosecución del procedimiento de licitación». Dicho de otro modo, el Consell no podrá adjudicar el contrato y, obviamente, tampoco comenzar las obras, que la institución preveía iniciar a finales de octubre. No obstante, la resolución también especifica que la suspensión cautelar del proceso de contratación no afecta al plazo concedido para la presentación de ofertas, que se cerró el pasado 9 de septiembre. Al concurso se ha presentado una sola oferta, la de las empresas Copcisa SA, Construcciones Olives SL, Juan Mora SA y M. Polo SL, a través de una Unión Temporal de Empresas.
El conseller del Grupo Socialista Eduardo Robsy celebró este viernes que «el Tribunal nos dé la razón en que existe el riesgo de que el daño sea irreparable» y dejó claro que la intención del PSOE es «utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para ganar tiempo hasta que la Unesco se pronuncie. Los expertos dimisionarios ya han advertido de que existe un riesgo real de que la obra afecte a la declaración de Patrimonio Mundial». Robsy defendió que «es falso el dilema entre macrorrotonda y accidentes, existen soluciones técnicas que para compatibilizar la seguridad y el patrimonio y si el equipo de gobierno no lo ve es porque tiene «intereses espurios».
Irresponsabilidad
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Consell y conseller de Cultura, Joan Pons Torres, acusó a los socialistas de tener una «actitud fanática de bloqueo» del proyecto y denunció que «están jugando con la seguridad de los menorquines», llegando a afirmar que «cualquier accidente que ocurra en ese tramo de la carretera general será su responsabilidad». También quiso recordar que el Tribunal «no ha dado la razón al PSOE, solo ha paralizado el proceso, como es habitual en estos casos, mientras se acaba de resolver el recurso».
Hablando de nulidades: ¿Quién tuvo la carretera en obras y parada durante ocho años? ¿Se acuerdan de la línea continua amarilla durante varios km entre Mahón y Alaior? Tuvieron muchos años para tirar este puente, pero no se atrevieron porque temían que la Justicia les hiciera pagar de su propio bolsillo los gastos ocasionados Otra cosa, ¿Cuántos millones de euros dejaron los gobernantes del Pacte (PSOE y Més) que se perdieran y que eran subvenciones que venían destinadas a la carretera general? ¿Cuántos millones de euros, entre subvenciones perdidas por negligencia e indemnizaciones (Cesgarden, Orfila. Etc) se han esfumado de las arcas del CIM en los últimos 25 años¿Álguien me puede decir la cifra exacta? ¿Puede algún político de la izquierda menorquina, que haya intervenido en los gobiernos de ese periodo, presentarse a cualquier otra elección para un cargo público. ¿Qué opinan ustedes?