El departamento de Bienestar Social del Consell ha ordenado una inspección para averiguar qué está ocurriendo en el geriátrico de Sant Lluís, «conocer las circunstancias que han provocado la crisis abierta en el servicio, impulsar medidas correctoras y si fuera el caso, depurar responsabilidades». A pesar de que el centro es de gestión municipal, la institución insular tiene la competencia de control de este tipo de recursos asistenciales y ha decidido tomar cartas en el asunto, según confirmaba ayer la consellera Carmen Reynés.
De hecho la inspectora ya ha realizado la visita al geriátrico, se ha reunido con el personal y en estos momentos está elaborando el informe que debe permitir conocer las deficiencias que existen en el servicio, denunciadas públicamente en las últimas semanas tanto por familiares de usuarios como por empleados.
El objetivo es «garantizar la protección y atención de los usuarios», aseguraba Reynés, que antes de ordenar la inspección, ha contactado con familiares de usuarios y se ha reunido con el Ayuntamiento de Sant Lluís, con el que asegura estar coordinada en el objetivo común de superar los problemas que se vienen registrando y poder introducir mejoras en el servicio. Una de ellas pasará, como ya ha anunciado el Consistorio, por aumentar la dotación económica para poder incorporar más personal.
Pues ya les ha costado, el ayuntamiento deberá dar explicaciones por permitir que nuestros mayores acaben siendo parte de este negocio, son los más indefensos y los más perjudicados , penoso!!