El PSOE ha denunciado este viernes que la modificación de la Ley de Puertos que prepara el PP favorece la expulsión de los residentes en el acceso a un amarre porque da prioridad a los intereses económicos frente al interés social y ha pedido que se exijan cinco años de residencia para optar a puntos de atraque.
El portavoz segundo del grupo parlamentario socialista, Marc Pons, ha advertido de que la modificación en la Ley de Puertos de Baleares vigente desde 2005 que está tramitando el Govern del PP, provocará «un cambio perverso» en la gestión de los puertos autonómicos.
«Una consecuencia última perversa es que favorecerá la expulsión progresiva de los residentes que hoy día tienen un punto de amarre», al prevalecer el negocio en el interés social de los puertos de gestión autonómica, ha advertido.
Más plazo para las concesiones
El nuevo redactado del PP y Vox alarga hasta los 75 años las concesiones a empresas privadas que están gestionando actualmente espacios portuarios de la comunidad, cuando hasta ahora la ley marcaba como límite los 35 años.
Pons advierte que «el PP quiere dar más tiempo y más negocio a los concesionarios privados para que gestionen los amarres con criterios de libre mercado», algo que repercutirá a la hora de conceder amarre a los usuarios.
A este hecho se añade un retroceso en criterios de transparencia y mayor oscurantismo, según sus palabras, ya que la ley convierte en secretas las listas de espera para acceder a un amarre, lo que permitirá una discrecionalidad sin control por parte de la empresa que gestione el puerto, una vez más primando los criterios de mercado.
Expulsar al residente
Ante el modelo de «privatización y negocio que expulsa a los residentes» al acceso a un amarre, el PSIB-PSOE propone un modelo que «pone a los amarristas residentes en el centro de las políticas portuarias, y busca dar mayores garantías a la gente de aquí, con más gestión pública y más transparencia en el proceso de adjudicación».
La batería de enmiendas que ha planteado el grupo socialista se centra en exigir un mínimo de 5 años de residencia para que los usuarios puedan solicitar un amarre de los puertos de las Islas Baleares.
Reclaman además que las listas de espera de amarre sean públicas y transparentes y eviten la discrecionalidad; reservar un 3 por ciento de los amarres para embarcaciones tradicionales de Baleares (como llaüts y barcas de vela latina) en virtud del criterio de catalogación de Patrimonio de los Consells.
Plantean además que, al finalizar el plazo de una concesión, se analicen su gestión y resultados para valorar si se vuelve a poner a concurso público o se devuelve la gestión directa de la instalación a Ports IB. Mantener los plazos máximos de concesión a 35 años y solo «de forma excepcional y dada su función social» permitir que los clubes náuticos puedan gestionar una concesión portuaria hasta los 50 años, es otra de sus propuestas.
El PSIB-PSOE pide además que la reforma de la ley profundice en cuestiones medioambientales, como son exigencias para el cuidado de la posidonia e implantar medidas de economía circular y reciclaje en la actividad portuaria.
Un sanchista sermoneando ? Mr. Cesjardin ?