«Es como una olla a presión a la que alguien le ha dado el botón de descomprimir». De esta manera gráfica describe Dani Martín, educador social de Càritas, la situación de la migración y el «oxígeno» que la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno da a las entidades sociales, un proceso que «dignifica la vida de muchas personas que atendemos a diario».
La justicia social de la medida es algo que comparten los consultados, de distintos ámbitos, para elaborar este artículo, si bien hay dudas sobre el efecto del aumento de población sobre servicios ya al límite, como la sanidad, y sobre el mercado de la vivienda, que se ha convertido en un lujo para muchos menorquines y nacionales que llegan a trabajar; también sobre si el proceso traerá mano de obra cualificada.
Càritas y otras entidades de la Iglesia celebran la medida, la consideran un complemento al Reglamento de Estranjería y un refrendo a su trabajo en favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que quedó bloqueada en el Congreso. Defienden la parte positiva de que aflore economía sumergida al tiempo que los inmigrantes mejoran sus condiciones. «Cuando quedan en situación administrativa irregular en el país, sin acceso al trabajo, necesitan apoyo, de este modo (con su regularización) pasan a contribuir», asegura el profesional de Càritas.
Predominio de latinoamericanos
El perfil de quienes podrían acogerse a la regularización en Menorca, de acuerdo con la experiencia de la entidad, es «variado» pero con predominio de latinoamericanos, sobre todo Colombia, Venezuela o Perú, y por detrás estarían ciudadanos originarios de países comoMauritania o Marruecos. «Lo habitual es que primero llegue un adulto, se estabilice y reagrupe, pero a veces llegan familias enteras, gente que tiene conocidos o familiares aquí o que ha vendido todo en su país para poder viajar y arrancar una nueva vida», explica Martín.
La migración que se establece en Menorca llega por vías seguras, en avión, su entrada suele ser como turistas a ciudades como Madrid o Barcelona; transcurridos los 90 días que permite la visa de turista en el espacio Schengen no regresan a su país, entran en situación irregular y, explica el educador social de Càritas, «empieza su lucha día a día para cumplir esos dos años de permanencia», que exige el Reglamento de Extranjería para pedir la autorización de residencia temporal por la vía del arraigo, «con sus derechos muy mermados».
El empadronamiento es la puerta a muchos derechos, también para demostrar ese arraigo, pero con la actual crisis de vivienda, compartiendo pisos, es difícil acceder al padrón, incluso se mercadea con este trámite, una ilegalidad que ya se detecta en Menorca desde hace unos años.
Vivienda
«El incremento de población ya tiene efecto sobre la vivienda, sea la llegada de personas en situación irregular o no, ya hay una presión sobre el parque existente, porque en Menorca no se ha construido para el mercado residencial desde 2008», afirma el doctor en Economía, Josep Sintes.
Su tesis es que el Plan Territorial actual no define ni orienta la activación del suelo disponible hacia objetivos sociales, y la inversión se dirige hacia el que paga más, los dos mercados, residencial y turístico compiten. «Es un problema estructural que afecta a todos y que no se afronta». En este contexto, si aumentara la llegada de migrantes sí se podría tensionar más la situación, «pero es mejor que sean legales si es gente arraigada en el territorio», añade Sintes, «se necesitan trabajadores, otra cosa es que vengan los que conviene, porque tenemos una economía orientada al poco valor añadido».
En este mismo sentido, la secretaria general de PIME-Menorca ,María García, expresa que existe esa necesidad de mano de obra «generalizada» en la Isla y que hay empresas que podrían beneficiarse de la regularización. «Es cierto que a veces las iniciativas para contratar chocan con procedimientos demasiado largos, si se agiliza es positivo», pero alerta de que muchos de esos sectores que tienen falta de profesionales (carpintería, industria, mecánica) necesitan trabajadores cualificados.
Sanidad
El empadronamiento abre la puerta a la sanidad pública, pero el IB-Salut requiere estar inscrito tres meses para obtener la llamada OTA (tarjeta para usuarios sin recursos). Si no se obtiene o ha caducado sin que el titular se haya regularizado, los migrantes en esta situación acuden a Urgencias, donde son atendidos. La autorización de residencia permitirá el acceso al resto de servicios sanitarios.
El Sindicato de Médicos de Balears (Simebal) lleva tiempo advirtiendo de que la sanidad pública, y en especial Atención Primaria, no se ha adaptado al incremento de población ni a su envejecimiento, hacen falta más sanitarios. El número de tarjetas por médico supera de lejos la cifra idónea de unas 1.500, están en 1.800 o 1.850 por galeno, indica el delegado del sindicato en Menorca, Claudio Triay.
Preguntado sobre los efectos a medio plazo que puede traer la regularización, Triay es claro al señalar que «si el número de población aumenta los servicios tienen que incrementar en proporción su personal, si hay más pacientes se necesitan más médicos, y partimos de un déficit». Si eso no sucede «será un problema más» para una sanidad pública que ya está sobrecargada y que afrontará pronto, en 5 o 10 años, jubilaciones masivas. Eso sin contar que muchos médicos latinoamericanos completan ahora las plantillas, «tenemos esa suerte, pero podría haber un flujo inverso», advierte.
Pocas mujeres se ven en la foto, en las noticias cuando llegan pateras…. Yo quitaba las ayudas, eres joven y puedes trabajar, 0 ayudas, hijos? Nosotros casi no podemos permitirnos la parejita y 0 ayudas, pues ellos lo mismo, limitar el número de hijos, y el que se pase que pague más impuestos. Hay que empezar a mirar por nosotros primero, y dejar de ser tan bueno con el dinero de los otros. Bus gratis? Otra. Si es que somos medio tarados por dejar que gobiernen inútiles. Así nos va, y esto no va a mejorar.