El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, ha alertado al Govern de Marga Prohens de que el decreto de simplificación administrativa en el que se incluye la legalización en suelo rústico, entre otras medidas urbanísticas y económicas, puede ser inconstitucional.
Tras una reunión en Palma con el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, el ministro ha señalado que una normativa de estas características no puede hacerse utilizando la vía del decreto ley. «Tiene visos de inconstitucionalidad», ha dicho.
Torres ha añadido que el Govern de Marga Prohens está previamente informado de esta opinión del Gobierno central. Ha señalado que su departamento, el encargado de las relaciones con las comunidades autónomas, ha trasladado el Ejecutivo de Prohens la opinión del Gobierno. «Nos tenemos que sentar a hablar», ha advertido Torres. El ministro ha dicho que, si el Govern de Prohens se niega, el Gobierno «arbitrará» la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en lo que respecta al mecanismo para presentar un recurso.
La ley faculta al presidente del Gobierno a presentar un recurso en el plazo de nueve meses desde que se aprobó la norma, si bien previamente deberá convocarse una Comisión Bilateral entre ambas administraciones para tratar de resolver las discrepancias. La presentación de este recurso puede llegar a implicar la suspensión de la norma, que dejaría de estar operativa mientras el Tribunal Constitucional analiza este asunto.
Precisamente el GOB ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto de simplificación administrativa del Govern balear para provocar su suspensión. La entidad ha preparado una carta con la argumentación para el recurso de inconstitucionalidad, un escrito que prevé dirigir a Sánchez en los próximos días. El GOB fundamenta ese recurso en la vulneración de los «principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental».
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