El pleno del Consell dio luz verde este lunes a la aplicación en Menorca de la disposición adicional séptima del decreto de simplificación administrativa del Govern, lo que significa que los propietarios de casas construidas de forma ilegal en el campo menorquín se podrán acoger al procedimiento de regularización extraordinario que propone el Ejecutivo de Marga Prohens en cuanto el acuerdo insular se publique en el BOIB.
En total, se calcula que en la Isla hay unos 3.000 hortals en situación irregular, que ahora podrán clarificar su situación mediante la presentación de un proyecto técnico y el cumplimiento de una serie de condiciones. Esta elevada cifra, sumada a los ajustados plazos que marca el decreto, ha encendido las alarmas en los ayuntamientos de la Isla, que temen que sus departamentos de urbanismo puedan quedar saturados.
Asimismo, este colapso podría demorar todavía más otros trámites ordinarios, como la concesión de licencias, cuyo plazo medio de resolución en estos momentos en la Isla es de siete meses, según el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears. Todo ello plantea ahora la duda de si los ayuntamientos serán capaces de gestionar el previsible incremento de la carga de trabajo, aunque será necesario esperar a ver la respuesta de los propietarios ante esta nueva vía que se abre ahora.
Falta de recursos
El decreto del Govern fija un plazo máximo de tres años para la legalización extraordinaria de los hortals, por lo que si los consistorios no son capaces de tramitar todas las peticiones, los propietarios podrían quedarse fuera del proceso. Además, se establece un plazo de seis meses para que los ayuntamientos den una respuesta a las solicitudes, y el silencio administrativo se interpretará como negativo y la solicitud se considerará desestimada.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Maó lamentan que el decreto del Govern no llegue acompañado de más recursos para gestionar el incremento de trabajo. «Nos estamos reuniendo cada semana para tratar la aplicación del decreto, porque es una carga de trabajo muy grande que vendrá de golpe, y a la que tendremos que hacer frente con el mismo personal. La norma da órdenes, pero no nos dota de más recursos», señala la concejala de Urbanismo de Maó, Dolores Antonio.
También coincide con esta valoración el alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, quien asegura que el decreto pone mucha presión a los ayuntamientos. «Creemos que saturará el área de Urbanismo, que ya de por sí tiene una carga de trabajo importante, porque no viene con ningún tipo de dotación, ni nos permite ampliar el personal», lamenta. Además, considera que el hecho de tener que dar una respuesta en un plazo de seis meses supone un reto añadido. «Si tenemos que responder en medio año, estos expedientes tendrán que pasar por delante de las licencias ordinarias, pero se tendrá que ver con qué criterio lo justificamos».
La posibilidad de dar prioridad a los expedientes del proceso extraordinario también es un tema que están estudiando en Maó, aunque también dudan de su posible encaje legal. «Tendremos que hablar con nuestros Servicios Generales, porque para poder pasar un expediente por delante de otro necesitamos un motivo fundamentado», explica Antonio, quien también señala que esta no es una solución que les agrade tener que tomar. «Sería dar todavía más privilegios a los que lo han hecho mal», remarca.
Voluntad política
Desde Ciutadella, el municipio más afectado por la problemática de las edificaciones en rústico fuera de regulación, el todavía concejal de Urbanismo, Joan Benejam, reconoce que el decreto supondrá una gran volumen de trabajo extra, pero se muestra convencido de que los ayuntamientos lo podrán asumir si hay voluntad política. «Nosotros ya lo habíamos hablado con la alcaldesa Juana Mari Pons y estábamos de acuerdo en la necesidad de contratar a más personal para gestionar este tema. Por ello, si el viernes la moción de censura prospera, exigiremos al nuevo equipo de gobierno que refuercen el área de Urbanismo, o que busquen otras soluciones, pero que no se escuden en la falta de personal, porque este es un tema prioritario», afirma. En este sentido, Benejam también recuerda que otra solución sería externalizar la tramitación de las licencias extraordinarias a través de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU).
Criterios poco claros
También hay unanimidad en los ayuntamientos en la necesidad de que se clarifiquen los criterios en materia de eficiencia energética, saneamiento y gestión del agua que deben cumplir las viviendas para poder ser legalizadas. «Se hace referencia a la eficiencia energética, pero no se especifica si hablamos de una placa solar o de diez, lo que podría dar lugar a agravios comparativos entre municipios», precisa Antonio. Por este motivo, ahora el Consell creará una comisión de trabajo que debe servir para unificar los criterios en toda la Isla.
Suficientes arquitectos
Por su parte, el presidente de la delegación en Menorca del Col·legi d'Arquitectes de Balears, Enric Taltavull, considera que en la Isla hay suficientes arquitectos para tramitar todos los proyectos que serán necesarios. «En Menorca hay más de cien arquitectos y creemos que podrán resolver el trabajo en un tiempo razonable, aunque si fueran 3.000 de golpe ya sería más complicado», apunta.
Coincide con esta opinión el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos en Menorca, Miguel Ángel Sicilia, aunque considera que el precio que deberán pagar los propietarios, junto a los plazos ajustados, harán que el decreto no se traduzca en un «boom de legalizaciones».
€€€€€ a sa butxaca! "Menorca va bién"!!!