Después de que saliera a la luz pública la anómala presencia de desechos de animales muertos junto al resto de la basura en el vertedero de Milà, la Cooperativa Verge Monte Toro, concesionaria del matadero de Maó, alzó la voz para denunciar la «inviabilidad de la concesión». Las exorbitadas tarifas que tendría que pagar –no las pagan– por la preceptiva incineración en el Área de Gestión de Milà amenazan con crear un agujero económico inasumible, pero el problema viene de mucho más atrás, es mucho más profundo y revela un modelo de gestión plagado de sombras. Esta historia está aderezada con rescates públicos irregulares, precios de sacrificio irrisorios que ni de cerca cubren los costes, e incumplimientos de las cláusulas de concesión que han valido un serio aviso de los juristas del Consistorio.
Mejor empezar por el principio. En el año 2014 –con el PP en el gobierno municipal– se firmó la concesión de uso privativo de las instalaciones del matadero de Maó, un procedimiento que finalmente solo recibió una oferta, la de la Cooperativa Verge Monte Toro, creada en 1944 por los sindicatos agrícolas católicos y que desde 2004 ya venía gestionando el matadero con una concesión en precario que arrojaba ya entonces un importante déficit. A riesgo de que nadie prestara el servicio se hizo una concesión negociada y en paralelo –hasta tres fuentes lo han confirmado– se llegó a un acuerdo a medida.
A pesar de que las cláusulas dejan claro que debe ser la concesionaria quien asuma todos los costes asociados a la gestión, el Consistorio se comprometía fuera del papel a hacerse cargo de los costes de incineración. Ha venido cumpliendo ese trato hasta hace un año y medio.
Desde entonces –y de forma más onerosa para las arcas públicas desde que el precio de incineración disparó en 2016 de 42 euros a 822 euros la tonelada– el Consistorio pagó religiosamente –ya con PSOE y Ara Maó al frente– las facturas de una cooperativa fundada para proteger «los intereses del sector (ganadero) y promocionar sus productos», formada por más de 50 socios de ese sector. Esa situación se frenó en seco en marzo del año 2021, cuando el servicio de Intervención del Ayuntamiento advirtió, siete años después, de que eso no se podía hacer. Desde entonces la cooperativa que gestiona al matadero ha venido acumulando facturas impagadas (llevan 80.000 euros según su propia información).
El coste de la incineración lo han asumido en último término los vecinos, pero no solo esos costes, sino también otros asociados a la gestión, que han venido a constituir un rescate público encubierto continuado, al que de alguna forma han contribuido otras ayudas públicas tanto del Govern como del Consell para conceptos como inversiones y promoción del producto local (el matadero comercializa directamente carne menorquina –la de sus socios– como vía alternativa de ingresos).
Precio ‘de amigo'
En este punto cabe subrayar los precios inusualmente bajos de la cooperativa, que tiene entre sus principales clientes a los socios que la conforman (ganaderos que llevan al matadero los animales). Se podría pensar que si los costes de gestión son altos deberían subir las tarifas para poder asumirlos. No es así. Ha costado acceder a las tarifas de un servicio municipal. Ha tenido que ser la propia cooperativa la que los facilite ya que en la web de Ayuntamiento todavía aparecen en pesetas con un documento fechado en 1998 y sin firmar.
La tarifa general del servicio para el sacrificio de vacas es de 0,40 euros el kilo. Menos de la mitad pagan los socios de la cooperativa, 0,19 euros. Vale la pena comparar con otros mataderos, no el de Ciutadella, donde todavía es más barato (0,16 euros). En Asturias, por poner un ejemplo, se pagan en torno a cinco euros el kilo. En este contexto, cobran relevancia las demandas de la cooperativa para hacer viable la gestión del matadero, concedida en 2014 por un periodo nada menos que de 25 años: que el Consell se haga cargo de las facturas impagadas de incineración y que el Ayuntamiento de Maó cambie las condiciones de la concesión.
El apunte
Ciutadella se ahorra 500.000 euros enviando los despojos fuera
El Ayuntamiento de Ciutadella, el municipio que concentra más fincas ganaderas, ha gestionado el espectacular incremento de los costes de incineración que se empezó a aplicar en el año 2016 –con la entrada de la UTE Es Milà en el área insular de gestión de residuos– de forma distinta al de Maó. El Consistorio de Ponent gestiona directamente el matadero municipal y solo tiene encargado mediante contrato de servicio a la cooperativa Serveis d’Escorxador el sacrificio de los animales. Asume los costes del tratamiento del subproducto del matadero, como ha hecho Maó hasta 2021, pero lo hace abiertamente, por presupuestos y sin contravenir ningún contrato de concesión.
Cuando se produjo ese incremento de los precios de incineración tomó cartas en el asunto y ahora incinera muy pocos desechos, los peligrosos, mientras que el grueso de los despojos los congela –mediante a la contratación de empresas autorizadas– y los envía a Catalunya, donde los convierten principalmente en comida para mascotas. Esa decisión le ha supuesto un ahorro considerable. En un año anómalo como 2021 se gastó 320.000 euros y en un año de mucha actividad calcula que pueden ser unos 500.000 euros.
El coste de incinerar se acerca a los 900 euros por tonelada. El de toda la logística para enviar los restos fuera de la Isla se sitúa en 450 euros, la mitad. Esta jugada hace perder a la UTE Es Milà una gran fuente de ingresos y le ha valido una demanda judicial por parte de la concesionaria de Milà, que esgrimía que el Plan Director de Residuos exigía que los restos de animales se trataran en la Isla. El año pasado El Tribunal Superior de Justicia de Balears dio la razón al Consistorio.