La doctora Nadiya Popel, adscrita al servicio de Urgencias del Hospital Mateu Orflila, ha demandado a la Conselleria de Salud y Consumo del Govern, por la falta de adaptación a su puesto de trabajo, según prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En esencia, la denuncia responde a la resolución que tomó la Conselleria indicando a la doctora que debía reincorporarse a su puesto de trabajo haciendo el uso preceptivo de la mascarilla. Fue la conclusión de un largo proceso en el que Popel, célebre a nivel nacional por su posición contraria a las vacunas anticovid, trató de demostrar con informes de exención de la medicina privada que arrastraba secuelas de una patología facial anterior que le impedían usar la mascarillla por lo que pedía una adaptación en el trabajo. Sometida a varios exámenes médicos en el propio ‘Mateu Orfila' la conclusión fue que estaba en condiciones de cumplir la normativa y debía utilizar el barbijo durante toda su jornada laboral
Popel se incorporó a Urgencias el 31 de octubre tras esta resolución pero solo dos días después se dio de baja y así permanece desde entonces. En el único día de trabajo en el departamento sufrió palpitaciones y mareos por lo que fue derivada a cardiología y medicina interna para ser reconocida y ya no ha vuelto a reincorporarse a su plaza.
En la demanda, el abogado de la doctora relata los puntos que permiten la exención en el uso de la mascarilla en la ley, y que en su criterio se ajustan al estado de la médica.
Al no ser atendida la solicitud de adaptación del puesto de trabajo a la doctora Popel, está de acuerdo con su defensor, ha tomado la vía judicial. También se solicita la reparación de daño con indemnización de 6.000 euros por los perjuicios ocasionados.
Considera el abogado que Nadiya Popel ha visto comprometido su derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho a la salud debido a la resolución de la Conselleria. Recuerda, además, que la doctora tiene pendiente la resolución del contencioso-administrativo contra la misma Conselleria de Salud por la suspensión de empleo y sueldo que afecta a sus derechos fundamentales tras manifestarse contra las vacunas. En la demanda pide que la empresa pública aporte el plan de riesgos laborales, la evaluación de riesgos del puesto de trabajo en Urgencias, que es donde está su plaza, y la del área de Calidad en la que estuvo trabajando provisionalmente hasta que se decidió su vuelta a Urgencias.
Ambas partes están citadas el próximo día 23 en el Juzgado de lo Social, en Maó.