Los radares que controlan la velocidad en el polígono, la Vía de Ronda y la entrada a Sant Climent, en el municipio de Maó, y las cámaras que graban a los vehículos en el acceso restringido a la plaza Esplanada no han supuesto la emisión de ninguna multa desde que entraron en funcionamiento hace ya 19 meses.
Fue el 15 de febrero de 2022 cuando los dispositivos adquiridos por el Consistorio entraron en funcionamiento, después de una campaña informativa a la población que se había prolongado durante un mes. En ella se anunciaba que en ese periodo didáctico las cámaras no sancionarían, aunque tampoco lo han hecho desde entonces.
Los aparatos se han mantenido operativos el último año y medio pero el gobierno municipal ha decidido no multar a quienes han excedido la velocidad límite de 30 o 50 kilómetros hora, según la ubicación de los radares, o se han saltado la prohibición de acceder a la Esplanada a través de la calle Josep Anselm Clavé, donde están las cámaras.
La finalidad que provocó la instalación de los dispositivos se ha cubierto «por lo que hacemos una valoración muy positiva, se ha logrado el objetivo», indica el alcalde, Héctor Pons, sin querer confirmar o desmentir que no haya habido sanciones hasta ahora. Se ha ganado en seguridad en puntos del tráfico que antes eran conflictivos y los conductores se han habituado a respetar los límites de velocidad en la Vía de Ronda, frente al antiguo polideportivo municipal y en Sant Climent.
El Ayuntamiento sostuvo en febrero del año pasado que no existía ningún afán recaudatorio con la entrada en funcionamiento de estos dispositivos que han ejercido una función disuasoria traducida en una circulación más segura. En estos 19 meses no se ha vuelto a producir ningún accidente especialmente grave en las zonas donde se hallan los radares.
El alcalde ha indicado que esta iniciativa para aumentar la seguridad del tráfico y pacificar el centro de la ciudad se divide en tres fases sin que ninguna de ellas tenga un plazo de tiempo concreto para su ejecución.
La primera fue la relativa a la campaña informativa a los ciudadanos y la segunda, en la que nos encontramos, se destinaba a recoger los datos generales captados por los dispositivos y, a partir de ellos, mejorar el sistema. En este sentido, un informe de la Policía Local ha llevado al Ayuntamiento a adquirir nuevas señales para reforzar las indicaciones sobre la ubicación de los cinemómetros y las cámaras. Estas se colocarán en las próximas semanas.
La tercera y última fase será la de comenzar a emitir sanciones, «aunque las multas es lo último que interesa, no tenemos ninguna prisa», subraya el alcalde.
Las sanciones se impondrán a partir del próximo invierno
La finalidad disuasoria que han tenido los radares para controlar la velocidad de los vehículos en varios puntos del municipio y las cámaras que registran los accesos prohibidos a la Plaza Esplanada se verá acompañada de las correspondientes sanciones a los infractores a partir del próximo invierno, sin que el Ayuntamiento haya precisado la fecha.
En el tiempo que falta hasta entonces todavía tiene que licitarse el contrato para la gestión de recaudación y notificación de sanciones, ya que es el propio Consistorio quien asume este trabajo y no la empresa instaladora, como sucedió en 2014 cuando esta ingresaba el 50 por ciento de las multas que imponía a los conductores.
Además, en los próximos días ha de conocerse el nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local que sustituirá a Vicente Vaquero, quien ha pasado a situación de segunda actividad.Con el nuevo responsable del cuerpo policial, que se decidirá entre dos candidatos de la Isla a quienes esta mañana se realiza la entrevista, deberá ajustarse el sistema y decidir la ubicación de la señalización que reforzará la ya existente.
El apunte
«No queremos que pase lo que sucedió en 2014 con las cámaras del centro»
La obsesión del gobierno municipal ha sido desde que se instalaron los dispositivos evitar «el desastre» que supusieron las cámaras gestionadas por una empresa en 2014, ubicadas en otros puntos céntricos de la ciudad. Entonces hubo residentes que encadenaron multas que superaban, en su conjunto, los 1.000 euros por la reiteración. La empresa ingresaba el 50 % de las sanciones, recuerda el alcalde Héctor Pons, «no queremos que pase lo que sucedió entonces». De ahí que se busque la solución informática para que el sistema evite tramitar nuevas multas por la misma infracción si el interesado aún no ha recibido la notificación de la primera.