El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Maó tramita la demanda que recientemente ha presentado el patronato de la Fundació Rubió i Tudurí contra el empresario franco-rumano Dimitri Sturdza por incumplimiento reiterado del contrato que regula el alquiler de la finca de Mongofra desde hace siete años y medio.
La demanda que eleva las discrepancias a la vía judicial es la culminación del periódico desencuentro entre ambas partes, el patronato y el empresario, prácticamente desde que iniciaron su vinculación.
Sturdza es el socio y administrador único de Mongofre World Heritaje, la sociedad limitada que puso en circulación en mayo de 2016 para ejecutar la concesión de la finca, gestionando actividades culturales, sociales y turísticas, además de ganaderas y agrícolas, hostelería, restauración y actividades de promoción y fomento de la cultura y las artes, según consta en su objeto social.
Una relación muy deteriorada
Hace año y medio, en junio de 2022, la junta directiva del patronato que preside Hipólito Mercadal ya acordó emprender acciones para recuperar la gestión de Mongofra, la casa situada al norte de la Isla, razón de esta vinculación.
Los comunicados, sin embargo, no han dado resultado, hasta el punto que los patronos han decidido interponer esta demanda para exigir el cumplimiento de los puntos que incluye el acuerdo, básicamente, la inversión de cinco millones de euros para adecuar instalaciones de la finca y construir nuevos espacios o ampliar los existentes.
El proceso actual supone que no se ha reparado la falta de fluidez en la relación entre las partes durante el último año y medio, ni tampoco se ha mejorado el cumplimiento del acuerdo firmado en su día.
Tres décadas de contrato por delante
El contrato, con una duración de 30 años, implica que el arrendatario debe abonar anualmente 120.000 euros por el alquiler de la finca a la Fundació Rubió i Tudurí. Fuentes próximas a la entidad han señalado que la demanda pretende que Sturdza se ajuste al cumplimiento del documento de forma inmediata para continuar adelante con la gestión de Mongofra, aunque se trata, muy probablemente, del paso obligado para forzar la rescisión con base en los antecedentes.
Se pretendió alcanzar, en primer lugar, un acuerdo con el empresario para evitar que la demanda judicial siga su curso, pero este ni se ha producido ni parece que se vaya a dar, lo que podría derivar en un costoso pleito dada la naturaleza del contrato con una vigencia de tres décadas.
«No ha hecho prácticamente nada de lo que tenía que hacer», indicaron estas mismas fuentes, de ahí la decisión hasta ahora aplazada de presentar la demanda con el objetivo de forzar la desvinculación y recuperar la administración de la finca.
Sturdza también demanda a la Fundació
El descontento, no obstante, también parte del propio empresario hacia los responsables del patronato de la Fundación. Su reacción a la demanda ha sido la de responder con otra en el mismo Juzgado de Instrucción número 2 de Maó y con el mismo argumento, es decir, el incumplimiento del contrato por parte de los patronos que representan a la entidad del mecenas, Fernando Rubió, fallecido en 1994.
El apunte
Una actividad cultural, pública y gratuita al mes que no se cumple
Uno de los incumplimientos del contrato de alquiler que tuvo que validar la Conselleria de Cultura del Govern en 2016 era el de la organización, al menos una vez al mes, de una actividad cultural, que fuera pública y gratuita. De esta forma se guardaba el espíritu fundacional para que Mongofra pudiera ser disfrutada por los menorquines, como indicó el Govern cuando autorizó el alquiler.
No consta que esa condición indispensable se haya cumplido. Mongofra ha albergado varios años el Foro de MENORCA • «Es Diari» y otras actividades culturales, pero no con la periodicidad que condicionaba la autorización.
El protectorado de fundaciones del Govern también había anunciado entonces la solicitud de una auditoría externa sobre la gestión económica de la Fundació Rubió. El año pasado, desde la Conselleria no confirmaron que esta auditoría se hubiera llevado a cabo, aunque sí aseguraron que las últimas cuentas anuales que había presentado eran correctas y están depositadas en el Registro de Fundaciones, como corresponde.
Los herederos del mecenas señalan que la situación a la que se ha llegado se podía prever y ya advirtieron de ello en su día, incidiendo en el deterioro de las casas y los incumplimientos del contrato al que se opusieron. Estos pueden hacer uso vacacional y de ocio de la finca, gracias a una sentencia judicial.