El enfrentamiento entre los propietarios de viviendas en Son Vitamina y el Ayuntamiento de Alaior continua tras la aprobación, en el último pleno municipal, del expediente de contribuciones especiales para pagar las obras de la red de saneamiento de la urbanización, que supuso desestimar en bloque las alegaciones planteadas por los vecinos. Estos sostienen que el expediente no se podía aprobar sin responder antes de forma individualizada las alegaciones y critican la «prepotencia» del gobierno municipal al aprobar unas obras «sin demostrar a tiempo» la titularidad municipal de las calles en las que se ejecutará el proyecto.
Según los residentes, el Consistorio les explicó que las calles son propiedad pública por un procedimiento automático de cesión por parte de la promotora, pero añaden en un escrito que han hecho llegar a «Es Diari», que pese a constar en el inventario municipal, «no se sabe quién hizo la cesión y en base a qué condiciones» lo que les hace sospechar «que hubo alguna negociación opaca con los promotores originales».
Sobre la financiación de las obras, los propietarios muestran su preocupación porque solo pueden «confiar en las promesas hechas informalmente» que no se han recogido «en ningún documento oficial». Afirman que el Ayuntamiento de Alaior les puso en un dilema legal, ya que «si finalmente mienten habremos perdido el derecho a exigir garantías democráticas y tendremos que pagar lo que se aprobó en el pleno, y si no lo hacemos puede ser que nos hagan pagar aún mucho más por algo que no hemos pedido y puede ser que no nos interese».
Los propietarios alegan que ahora ellos tienen que afrontar gastos por unas obras de infraestructura que la propia Administración ha «eludido durante décadas» y que el Govern obliga a implantarlas para permitir la expansión urbana.