El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, mediará en el conflicto abierto entre la institución y la mitad de la plantilla del cuerpo de bomberos, que se niega a hacer horas extras y denuncia graves deficiencias en el servicio.
El próximo martes acudirá a una reunión informativa que se ha convocado en el parque de bomberos de Ciutadella, donde se concentra el sector crítico representado por el sindicato STEI. La crisis se ha desbordado con el cese del hasta ahora jefe insular del servicio, Joan Rosselló, y la no renovación de tres interinos que tenían un contrato temporal.
Este será el segundo encuentro después del realizado el pasado 4 de diciembre con el conseller de Medio Ambiente y Cooperación Local, Simón Gornés, que no sirvió para rebajar la tensión y concluyó con el mantenimiento de las medidas de protesta.
El STEI denuncia que el actual jefe insular en funciones, Juan José Franch, «no dispone de la formación necesaria para desempeñar esta función» y acusa al equipo de gobierno del Consell de «no haber planificado un relevo con las garantías necesarias». El sindicato añade que tampoco el relevo al frente del parque de Ciutadella «dispone de capacitación como sargento».
Estos hechos, valora el STEI en un comunicado, «pone en riesgo la seguridad de la población y de los profesionales que intervienen en una emergencia, desde bomberos hasta personal sanitario o policías». La actual situación del cuerpo en Ciutadella también desemboca en «una cobertura irregular» de los turnos de trabajo a través de horas extras, hasta el punto de «no poder garantizar los mínimos legales».
En este sentido, el sindicato acusa al Consell de denegar los días de asuntos propios solicitados por los bomberos por la falta de efectivos para poder cubrir los turnos.
Los otros dos sindicatos en el cuerpo, CCOO y UGT, se han desmarcado del conflicto abierto por el STEI, motivo por el que este último ha anunciado que estudia «solicitar la revocación de los representantes sindicales por dejadez de funciones» a la hora de atender las «peticiones legítimas» de los trabajadores.