El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que eleva el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para el ejercicio 2026, situándolo en 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas. Esta subida, que se aplica con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará aproximadamente a 2,5 millones de trabajadores en toda España. El nuevo importe supone un incremento de 37 euros al mes o 518 euros al año respecto a la cuantía vigente en 2025, cuando el SMI se encontraba en 1.184 euros mensuales.
Además, el Gobierno ha introducido una modificación fiscal que permitirá que este salario mínimo no tribute en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una medida aprobada también este martes que aliviará la carga tributaria de los trabajadores con menores ingresos. Este incremento salarial forma parte del acuerdo alcanzado a finales de enero entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, firmaron el pacto junto a Yolanda Díaz en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Otro detalle importante es la modificación normativa que impedirá la caducidad de los convenios colectivos una vez expire su vigencia. Esta decisión recupera la ultraactividad de los convenios laborales, un mecanismo que fue eliminado durante la reforma laboral del Partido Popular. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha querido aclarar personalmente, a través de sus redes sociales, el alcance y la importancia de esta medida frente a las dudas generadas tras el anuncio del acuerdo. «Bueno yo no necio convenios colectivos, ya me gustaría. Pero desde luego una cosa muy importante, con la reforma laboral que hemos hechos hemos establecido la ultraactividad de los convenios», explicaba en sus perfiles oficiales.
La ministra de Trabajo continuó su explicación recordando las consecuencias de la anterior reforma laboral del PP: «Recordad que lo que hizo el Partido Popular, aparte de recortar todos los derechos laborales con su reforma laboral, lo que hizo fue acabar con la ultraactividad de los convenios, de manera que cuando un convenio colectivo dejaba de estar en vigor, quedabais completamente desprotegidos. Ahora esto no es así». La ultraactividad del convenio colectivo constituye un mecanismo jurídico que garantiza la prórroga automática de las cláusulas de un convenio tras haber expirado su vigencia formal y haber sido denunciado por alguna de las partes.
Esto significa que el convenio se mantiene aplicable hasta que se alcance un nuevo acuerdo entre empresarios y trabajadores, evitando así un vacío normativo que pudiera dejar desprotegidos a los empleados. Este principio fue suprimido durante la reforma laboral implementada por el Partido Popular, lo que provocó que, al vencer un convenio colectivo sin haberse negociado uno nuevo, los trabajadores quedaran sin la protección de sus condiciones laborales previamente pactadas. La recuperación de la ultraactividad, materializada en la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz, representa un cambio estructural en las relaciones laborales españolas, devolviendo el equilibrio en las negociaciones colectivas y fortaleciendo la posición de los representantes de los trabajadores.
Impacto económico y social de la subida del SMI
El incremento del salario mínimo interprofesional tendrá repercusiones directas en la economía española y en el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Los 2,5 millones de beneficiarios verán mejorada su capacidad de consumo, lo que podría traducirse en un impulso a la demanda interna, especialmente en sectores como el comercio minorista, la hostelería y los servicios básicos. Desde el punto de vista de la cohesión social, la medida contribuye a reducir las desigualdades económicas y a fortalecer el estado del bienestar, al garantizar que ningún trabajador a jornada completa perciba una remuneración inferior al umbral establecido.
El sistema español de salario mínimo contempla diferentes cuantías adaptadas a las particularidades de cada tipo de relación laboral. Mientras que para los trabajadores con contrato ordinario el SMI se establece en términos mensuales (1.221 euros por catorce pagas), para los eventuales y temporeros se calcula por jornada legal (57,82 euros), lo que permite adaptar la remuneración a calendarios laborales estacionales o discontinuos. En el caso de los empleados de hogar, la regulación por hora efectivamente trabajada (9,55 euros) responde a la naturaleza específica de este sector, donde es frecuente el trabajo a tiempo parcial y la diversidad de jornadas.