La Dirección General de Prestaciones y Farmacia, dependiente de la Conselleria de Salud del Govern, ha notificado a la doctora Nadiya Popel, del área de calidad del Hospital Mateu Orfila, una sanción doble que suma 180.200 euros por haber cometido, presuntamente, dos infracciones administrativas muy graves en materia de medicamentos.
Se trata del inicio del procedimiento sancionador a la doctora que se hizo célebre por su posición contraria a las vacunas para combatir el virus durante la pandemia. El documento notificado ya establece dos multas de 90.100 euros cada una, en ambos casos, relacionadas con tratamientos contra la covid-19 que la doctora ucraniano-española prescribió en agosto de 2022.
El primer acto infractor notificado a Popel es haber hecho publicidad no autorizada de medicamentos a través de Telegram «porque se hallan fuera de ficha técnica y no tienen evidencia científica para ese uso. Se le atribuyen propiedades terapéuticas a productos que no han sido autorizados como medicamentos», justifica la resolución. En cuanto al segundo hecho muy grave es la «prescripción, comercialización y dispensación de medicamentos por persona no autorizada con indicaciones no autorizadas».
Seguimiento en las redes sociales
La Dirección General de Prestaciones y Farmacia ha llevado a cabo una ardua investigación a partir de un seguimiento en esa red social en la que la doctora es muy activa. El inicio de la investigación data del 25 de agosto de hace un año, cuando tuvo conocimiento de que la doctora recetó «con una pauta anómala de Ivermectina 100 cápsulas para un tratamiento de tres meses». En la revisión del libro del recetario electrónico aparece que la doctora Popel había realizado «diversas prescripciones a pacientes de forma anómala con estas mismas cápsulas aquel mes».
Por otro lado, indica que la doctora publicitaba estas cápsulas de Ivermectina para venderlas como tratamiento preventivo de la covid, «que a día de hoy no está amparado en guías médicas». La Dirección General de Farmacia comprobó que en la cuenta de Telegram de la doctora «se vendían medicamentos de forma fraudulenta como packcovid», con varios medicamentos a 25 euros que se podían abonar por bizum o transferencia.
Asegura la resolución que estos fármacos están fuera de ficha técnica, no tienen evidencia científica para este uso y precisan receta médica, «por tanto está prohibida su publicidad». Así mismo el pack adjunta un boletín del Movimiento Asistencial Integral, supuestamente fundado por la doctora Popel, en el que se publicitan otros medicamentos como azitromicina para el tratamiento de síntomas graves a vacunados de la covid.
Otras terapias y consejos
En la cuenta de Popel en esa red social, se difunden también conferencias, consultas presenciales, cursos teórico-prácticos de ozonoterapia y oxigenoterapia hiperbárica, consultas de salud, beneficios del agua del mar, noticias antivacunas covid e información con «razones por las que no debe vacunar a su hijo», entre otros contenidos.
La investigación incluyó la compra de un packcovid con identidad falsa para comprobar su contenido y concluir que «se desconoce la procedencia de las cápsulas y comprimidos y si su contenido corresponde al que determina el etiquetaje».
El apunte
«Yo no vendo ni publicito, la gente acude a mi y le propongo soluciones»
El abogado de la doctora Popel ya ha presentado alegaciones en el plazo de 10 días a contar desde la notificación del expediente. «Yo no vendo ni me publicito, la gente acude a mi y le propongo soluciones, y da la voluntad o no paga si no puede», apunta Nadiya Popel. Añade que «soy médico, tengo potestad para hacer recetas y hay estudios científicos que avalan los tratamientos que propongo». Explica que el Movimiento Integral Asistencial, que ella impulsó, ha tratado a unas 5.000 personas, de las que alrededor de 200 corresponden a ella. «Hay otros médicos en el MIA pero yo soy la única que da la cara y la gente viene a mi, los reviso, estoy en asistencia continua y tengo pleno derecho a recetar». Justifica que «si la gente me pide ayuda estoy obligada a darla según mi ética y no según un código balear o lo que nos pide un político que puede cambiar si cambia el gobierno». Explica que «vinieron con engaños al herbolario donde a veces recibo a la gente, en Maó, y llevaban un año vigilándome».