El PSOE de Alaior pide al equipo de gobierno que aclare en el próximo pleno en qué situación se encuentra la denuncia por prevaricación interpuesta contra el alcalde José Luis Benejam por parte del propietario del aparcamiento de Cala en Porter, después de que este cerrara a mediados del pasado mes de junio el aparcamiento y el Ayuntamiento obligara a abrirlo de nuevo.
Asimismo, los socialistas también quieren saber si esta denuncia acarreará un coste al Ayuntamiento de Alaior y en caso de que así sea quieren saber a cuánto ascenderá.
El PSOE recuerda que la denuncia surge a raíz de la «guerra de las piedras», que el propietario instaló en el terreno que se usa como aparcamiento de la playa, y que posteriormente fueron retiradas por el Ayuntamiento. Como se recordará el propietario, días después, volvió a colocarlas, y el Consistorio ordenó de nuevo retirarlas, ante lo cual el propietario anunció que interpondría una denuncia por prevaricación contra el alcalde.
El equipo de gobierno ya informó en su día que la denuncia se había interpuesto y se estaba pendiente de que el Ayuntamiento realizaría los informes pertinentes para enviar al juzgado. Ahora, el PSOE pide conocer cómo se encuentra este proceso contencioso judicial, ya que considera «para el buen desarrollo de la institución, es necesario saber en qué punto se encuentra la denuncia». Preguntarán en el pleno si el juez la ha aceptado, en qué consiste la denuncia y «de qué manera puede perjudicar el día a día del consistorio de Alaior, así como también el coste económico que tendrá para las arcas municipales la contratación de un abogado externo».
Si el PSOE esta tan preocupado en el gasto, que renuncien a cobrar por asistencia a los plenos. Ahí darían ejemplo, y además pondrían contra las cuerdas al actual consistorio, ya que demostrarían a ese pueblo que tanto dicen defender, que ellos como gente presuntamente trabajadora de izquierdas, lo hacen por amor y dedicación altruista para el bien común. En lo que sí coincido con otro comentario, es que efectivamente el político en ejercicio, debería avalar o responder con su patrimonio, por su gestión durante el mandato. Cualquier alcalde o regidor, que haya hecho algo mal que cueste dinero a las arcas publicas, debería pagarlo de su bolsillo.