Ports de les Illes Balears tiene abierto un expediente para decidir si el proyecto de ampliación del Port d’Addaia con dos pantalanes flotantes debe darse por caducado o no, toda vez que la Demarcación de Costas del Estado no ha contestado durante seis años a la petición de adscripción de la lámina de agua necesaria para llevar a cabo esta obra.
La Comisión Balear de Medio Ambiente aprobó en 2023 la caducidad de la evaluación de impacto ambiental que avalaba la ampliación, pero el expediente sigue abierto todavía en los despachos de Ports. El diputado del PSOE Marc Pons ha acusado al conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente de negarse de forma «tozuda» a archivarlo definitivamente y ha vuelto a recordar sus vínculos familiares con la empresa que gestiona el puerto deportivo.
«Cada mes se celebra un consejo de administración de Ports y en más de dos años no ha contrado el momento para incluir este punto en el orden del día», le ha recriminado Marc Pons, «es la única opción que le queda». El diputado socialista también ha recordado que el GOB ha solicitado en reiteradas ocasiones la caducidad del proyecto sin haber obtenido respuesta.
Lafuente: «Me piden algo ilegal»
Juan Manuel Lafuente ha negado haber intervenido en nada relacionado con este expediente. «Me acusan de algo falso, es una calumnia», ha dicho en el pleno del Parlament, «no puedo presionar a los funcionarios para que aceleren los trámites porque sería ilegal». El conseller del Mar ha vuelto a insistir en su deber de abstención en todo lo relacionado con el Port d’Addaia, y ha asegurado haber dado las explicaciones necesarias.
Este puerto deportivo cuenta con 156 amarres y en 2012, según ha explicado Lafuente, presentó el proyecto para instalar dos nuevos pantalanes flotantes. En 2018, bajo la presidencia de Marc Pons, Ports de les Illes solicitó a Costas del Estado la adscripción de la lámina de agua para poderlo llevar cabo sin obtener respuesta en el plazo legal para hacerlo.
Pese a la inclusión de este proyecto en el Plan General de Ports, el silencio de Costas llevó a la Comisión de Medio Ambiente a decretar en 2023 la caducidad de la evaluación de impacto ambiental que amparaba la actuación. Ahora Ports de les Illes tiene abierto un expediente para dilucidar si debe archivarse definitivamente. La empresa gestora ha presentado alegaciones y la empresa pública está pendiente de recabar un informe jurídico para adoptar la decisión final.
Que para hacer cualquier tipo de actuación en Menorca tengamos que esperar 13 años es una vergüenza, para los dogmáticos aclarar que en el puerto de Addaya existe una larga lista de espera de amarres, principalmente de Menorquines que desean poder amarrar su embarcación, muchas de pequeño tamaño y uso particular. Evidentemente también hay en lista extranjeros y profesionales náuticos, pero eso no es ilegal. Lo que debería ser ilegal es que se prohiba a la sociedad avanzar por intereses políticos. Menys intervencionisme i mes seny!!