Como era de esperar el pleno celebrado ayer en el Consell insular vivió en el debate sobre la aprobación inicial de la modificación del reglamento de usos lingüísticos de la institución su punto más polémico del orden del día. Consabida la posición de los grupos de la izquierda, el trámite para sacar adelante el nuevo documento –que introduce el uso del castellano y prioriza la variedad menorquina del catalán– permitió deducir que tanto el conseller de Cultura y promotor de la propuesta de urgencia, Joan Pons Torres, como la consellera no adscrita, la ex de Vox Maite de Medrano, consideran que los cambios se quedan cortos.
Era la primera vez desde que se revelaran los cambios por la vía de urgencia en el reglamento en que el también portavoz del PP los defendía con voz propia. Pons Torres aseguró que persiguen dos objetivos: «Garantizar la libertad de los ciudadanos de Menorca de expresarse y ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales y defender y proteger el menorquín como patrimonio lingüístico insular», además de «cumplir con el Estatut, la Constitución, el Estatut, la Ley de Normalización Lingüística y la de Reserva de Biosfera», en alusión a los artículos en que se encomienda el fomento de las variedades dialectales.
«El Consell seguirá usando el catalán como lengua propia ya que no se puede hacer otra cosa, es lo que dice el Estatut», aseguró Pons Torres, que cerró sus intervenciones defendiendo que esta modificación «supone un paso adelante en el camino hacia la dignificación y la conservación del menorquín». Antes había afirmado en diversas ocasiones que los cambios son mínimos y celebrado que el conseller socialista Eduardo Robsy catalogase de «muy descafeinado» el texto, en comparación con el que se había empezado a tramitar hace más de un año.
Robsy develó que a la modificación impulsada por Joan Pons Torres en octubre del año pasado –en ese momento sin que fuera condición para aprobar los presupuestos– era mucho más ambiciosa y estaba acompañada de una memoria que punto por punto iba poniendo freno a las modificaciones en el articulado aludiendo a las barreras que ponen normativas de rango superior que blindan el uso del catalán en las instituciones. «Agradezco que reconozca que la modificación es descafeinada», concedió Pons Torres.
La consellera no adscrita Maite de Medrano fue mucho más explícita en sus planteamientos. Advirtió que «esto es un avance, no el punto final» y lamentó que hay leyes de rango superior que «impiden que hoy el reglamento de usos lingüísticos suponga una verdadera cooficialidad entre el español, que no el castellano, y otra lengua española que es el menorquín». Las carencias, a su entender, de lo que se aprobó, que ahora se someterá a exposición pública y periodo de alegaciones, van en dos direcciones. Primero, que «no se puede nombrar el menorquín, tiene que ser el catalán, un error, una traición de los años 80». Segundo, que «con estas leyes se obliga a que toda la administración sea en catalán».
Oposición
Por parte del, PSOE, Robsy reclamó que la aprobación quedase en suspenso al entender que se debía haber consultado a la ciudadanía al ser un cambio en los derechos lingüísticos y alertó de que en varios artículos el uso del catalán o del castellano queda supeditado a una fórmula abstracta como la de «si así lo aconsejan las circunstancias sociolingüísticas». «Eso se traduce en un ‘haremos lo que nos dé la gana’», subrayó el socialista.
La consellera de Més per Menorca Noemí Garcia denunció que «lo que ustedes hacen es folklorismo, postureo lingüístico que lo que esconde es la intención de introducir el castellano como lengua vehicular del Consell, todo disfrazado de amor al menorquín, es indigno, convierten el menorquín en una coartada para desmontar el bilingüismo». Se avecina un alud de alegaciones al documento.
RokurutaCert,tens raò,li he fotut fins baix,campeón (sonar soperbi-paleto)