Las tres organizaciones profesionales agrarias de Menorca han suscrito un manifiesto de ámbito balear en el que denuncian la intromisión de sectores ajenos al campo para tratar de influir, mediante alegaciones, en el redactado final de la Ley Agraria que el Govern tiene actualmente en tramitación. Con todo aseguran apoyar, en líneas generales, el texto propuesto por el Govern más allá de las discrepancias detectadas sobre la ampliación del techo de plazas para las agroestancias. «La gran mayoría de las propuestas que hemos planteado ya están recogidas», aseguran.
Agrame, Fagme y Unió de Pagesos secundan el manifiesto donde se considera «no adecuado» que otros sectores de fuera de la payesía «quieran marcar cuál debe ser el futuro de los agricultores y ganaderos y de las cooperativas de las Illes, y mucho menos, aquellos que durante años se han aprovechado directamente de los beneficios sociales, ambientales y paisajísticos creados y mantenidos por el sector primario, sin haber contribuido de forma decidida en su supervivencia».
En las últimas semanas han trascendido las críticas de la Federación Hotelera de Mallorca a la previsión de ampliar la capacidad de las agroestancias. Pero también ha suscitado críticas de los comerciantes la regulación de los puntos de venta directos. En Menorca el GOB ha advertido que la nueva ley «favorece actividades económicas que desplazan la agricultura», a la vez que elimina garantías ambientales.
Para Agrame, Fagme y Unió de Pagesos «el anteproyecto de la ley agraria es una ley necesaria para el sector. Las entidades agrarias y cooperativas hemos aportado y seguimos aportando propuestas para mejorarla y tener un buen marco legislativo que defienda los intereses de la payesía de les Illes».
El mayor consenso posible
El objetivo final es tener un texto «lo más consensuado posible entre el propio sector agrario y que en su desarrollo han participado activamente los profesionales más relacionados con el sector y la Administración autonómica».
Los agricultores quieren «una ley moderna en total sintonía con la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), que ayudará a las explotaciones en dificultades para hacerlas más viables. Al mismo tiempo una ley donde se defina, impulse y se dé protección a la pequeña explotación familiar o tradicional y a las explotaciones asociativas cooperativas».
Para el sector agrícola «la ley tiene que reconocer y dignificar el papel que juega la payesía y el impacto social, económico, ambiental y cultural que genera. Somos el sector económico que gestiona más superficie, más del 80 por ciento del territorio insular».
Los agricultores apuestan para que la ley debe «fomentar el cooperativismo agroalimentario y sus actividades como motor fundamental para mejorar la posición del agricultor dentro de la cadena de valor, a través de las economías de escala, la organización de la producción, su transformación y la puesta de sus producciones en los mercados».
Priorizar el sector agrícola
Las organizaciones agrarias opinan que se debe «regular la actividad agraria y establecer medidas de priorización de los usos agrarios frente otros usos impropios en suelo rústico estableciendo compensaciones para el sector primario ante la implantación de uso no agrarios» y que ésta tiene que «determinar que los usos agrarios son siempre uso admitidos en el suelo rústico y estos usos tiene que contar con la protección de las administraciones públicas».
También especifican que «la ley debe impulsar la realización de actividades complementarias agrarias para asegurar el desarrollo de una actividad profesional», así como «la transformación agroindustrial como sector productivo. Las ‘tafones’ ‘cellers’ ‘obradors’ diversifiquen la economía y mejorar el tejido socioeconómico local».
Hay países donde los extranjeros solo pueden comprar pisos o apartamentos (construcciones en el aire) pero nunca una planta baja y mucho menos tierras. Y está super controlado por el Estado, al 100% de controlado. Así nunca podrían colonizarnos como están haciendo.