La Asociación de Usuarios del Lago de Cala’n Bosch han denunciado ante la Fiscalía lo que consideran «irregularidades graves en la gestión del puerto». De hecho, acaban de presentar documentación adicional relativa al proceso de adjudicación iniciado por PortsIB, para que se «investiguen los hechos y adopte medidas cautelares si procede».
La entidad que agrupa a los amarristas del puerto deportivo de Ciutadella continúan su lucha contra los planes del Govern y de PortsIB para mantener la gestión privada de la dársena artificial. Es así que han remitido a la Fiscalía documentos sobre la licitación que se ha puesto en marcha y que consideran irregular.
Así lo exponían ayer desde el colectivo que preside Tolo Torres, quien no quiso concretar qué información han aportado al ministerio público. Sí que apuntó que se trata de documentación que se suma a la remitida a finales del año pasado, cuando la asociación «puso en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades graves cometidas en la gestión del puerto, tanto por la entidad concesionaria, como por PortsIB».
Puntos en cuestión
Los amarristas denuncian que, tras expirar el 3 de mayo de 2025 la concesión administrativa que estuvo vigente 30 años, desde esa fecha «el puerto opera en situación de precario». Esto ha motivado una «subida de precios y contratos abusivos», en los que la empresa gestora ha aplicado la «imposición» de cláusulas «potencialmente ilegales».
Critcan la «falta de respuesta institucional» por parte de la administración. Aseguran «haber notificado estos hechos a PortsIB en reiteradas ocasiones durante el último año, sin obtener respuesta a ninguno de sus escritos».
La Asociación de Usuarios del Lago de Cala’n Bosch reclama una «auditoria independiente urgente», para «evaluar el estado real del puerto, tanto a nivel de mantenimiento de las instalaciones, como de la gestión económica realizada desde mayo de 2025», periodo con gestión en precario que Tolo Torres afirma que ha sido la más beneficiosa para la concesionaria. Y es que, recuerda, «solo por los amarres han podido ingresar 1,6 millones de euros», a lo que hay que añadir otras fuentes de entrada, como la gasolinera o las terrazas que se despliegan durante la temporada alta en el Lago y que, solicitada información al Ayuntamiento de Ciutadella, han sabido que «no tienen licencia de actividad, es una ilegalidad», denuncia.
Es más, Torres considera imprescindible que se haga «una auditoría de los 30 años de concesión, para saber qué han aportado y qué no», en cuanto a inversiones, entre las cuales, la reforma del puente que el Govern ha incluido en la nueva licitación.
Lo que es una vergüenza es que se den cuenta después de 31 años cuando todos los demás sabiamos como funcionaba éste puerto ... ojalá hubiera sido antes porque varios se han beneficiado.