El PSOE de Es Migjorn ha pedido al equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Antònia Camps, que devuelva el dinero a todos los ciudadanos que han pagado las multas de los radares instalados en el municipio. Entiende que el Ayuntamiento «no podía imponer» estas sanciones, ya que al estar en suelo no urbano «serían nulas porque habrían sido notificadas por una administración no competente».
Los socialistas se basan en que tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como el departamento de Carreteras del Consell «han puesto en duda la legalidad del radar que el Ayuntamiento situó a la salida del pueblo hacia Sant Tomàs», y que el Ayuntamiento acabó retirando tras el requerimiento de la DGT.
El PSOE pone el punto de mira sobre Verdú, ya que además de concejal y portavoz del grupo municipal del PP en Es Migjorn es el director insular de Carreteras. «Es irónico que el departamento que dirige Verdú en el Consell contradiga la versión que él mismo defendió en el pleno de julio», cuando aseguró que esa ubicación sí era urbana, no interurbana. Los socialistas recuerdan que Verdú «lo justificó diciendo que quedaba dentro del límite de la señal de tráfico que indica la entrada al pueblo, un argumento que en ese momento nos pareció muy débil y que ahora el Consell desmantela».
Los socialistas consideran que el desmentido del Consell demuestra que «Verdú mintió en sesión plenaria» y, por lo tanto, no debería continuar como portavoz del PP y del equipo de gobierno de Es Migjorn.
Asimismo, insisten en reclamar que se rescinda el contrato con la empresa Alumbrados Viarios SA, que se queda con el 59 por ciento de los ingresos de las sanciones impuestas por los radares. «Si las multas son nulas, esta empresa ya se habría quedado con mucho dinero que los ciudadanos no tendrían que haber pagado», concluye.