El abogado que ejerce la acusación particular en el caso Nerer en representación del Ayuntamiento de Ciutadella, Francesc Marquès, ha solicitado al Juzgado número 2 de la ciudad que dé «un nuevo impulso procesal» a la causa, tras casi dos años y medio de parálisis.
Desde el auto que la anterior jueza Belén Velázquez dictó el 8 de julio de 2021, ni su sucesora, María del Mar Jaume, ni la Fiscalía han movido ficha alguna. De hecho, no consta siquiera que se haya dado «el impulso que corresponde» a los recursos de apelación interpuestos por todas las partes, que no han sido elevados a la Audiencia Provincial, el «órgano encargado de resolverlos».
El referido auto acordó ceñir la acusación al exconcejal y expresidente del PP, Avel·lí Casasnovas, su presunto testaferro y cuatro empresarios locales, así como sobreseer y archivar las actuaciones que se seguían contra los socios de Nerer, el constructor Ramón Bosch, la hermana del edil y las dos arquitectos municipales que tasaron las permutas, «al no apreciar indicios suficientes de delito» en la permuta por s'Hort den Llinyà, la zona verde del Canal Salat que también había sido objeto de instrucción. La jueza solo veía acreditados los ilícitos del canje del Palau Saura Morell por el solar de la ‘joya de la corona'.
Los abogados defensores de los seis investigados apelaron para pedir que también se les exculpara, y lo mismo hizo Francesc Marquès para oponerse al auto y reclamar que volviera a incluirse la permuta de s'Hort den Llinyà.
El 17 de julio presentó un recurso de apelación que añadió al escrito de acusación ad cautelam que había interpuesto solo unas semanas antes para que pudiera imputarse también a Ramon Bosch y los socios de Nerer. Pero, tras 29 meses, no ha recibido respuesta. Es la última diligencia que consta en autos.
«Grupo de indecoroso apodo»
El 12 de enero se cumplirán 8 años de la Operación Pomada, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, que originó el caso, con la detención de Avel·lí Casasnovas y los empresarios. El abogado contratado por el Ayuntamiento concluye que el edil «actuó para favorecer ssus propios intereses personales y los de sus amigos» (en alusión a Fernando Orfila y los hermanos Antoni y Francesc Cavaller), a quienes define como «integrantes de un conocido, poderoso y temido grupo de presión local de indecoroso apodo». Todos, también ellos, siguen en la calle, a la espera de juicio.
Estos sí que limpiaban. Cuando gobernaron dejaron Ciutadella limpísima.