El escrito de acusación presentado por el abogado del caso Nerer, Francesc Marquès, en nombre del Ayuntamiento, reclama hasta 48 años de prisión para el exconcejal Avel·lí Casasnovas y los cinco empresarios más directamente implicados en la permuta de Can Saura Morell, contra los que pide que se abra juicio oral.
Marquès solicita 16 años de cárcel para Casasnovas por cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. También reclama el comiso de sus ganancias en la operación y el pago de una multa equivalente al doble del beneficio que hubiera obtenido, así como diversas inhabilitaciones especiales y absolutas de entre 10 y 15 años.
Además, imputa sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias a los empresarios Fernando Orfila,Antoni Cavaller y Francesc Cavaller, miembros de un importante entramado societario, así como a José María Gelabert, hijo de Jaume Gelabert, con quien se acordaron algunas de las permutas objeto de la investigación.
Para cada uno de ellos solicita 7 años de prisión, una multa por el doble de sus ganancias, su inhabilitación por un período de 10 años y la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 8 años.
Por su parte, Ildefonso Vinent, exconstructor y presunto testaferro de Casasnovas, se enfrenta a una petición de 4 años de cárcel y el comiso de todos sus beneficios por blanqueo de capitales.
Además, impone a los seis encausados el pago solidario de los 939.386,68 euros, más intereses y costas, para «restañar el perjuicio causado al erario público». Es la cantidad que ganó supuestamente Nerer con la permuta de Can Saura Morell, una cifra que se verá incrementada si la juez acepta incluir la de s'Hort den Llinyà e imputar a Nerer.
23 testigos
Marquès solicita que declaren en el juicio un total de 23 testigos, entre guardias civiles, exconcejales, empresarios, técnicos municipales, tasadores, representantes inmobiliarios, constructores y familiares de Avel·lí Casasnovas.