El próximo 13 de noviembre se cumple un año de la puesta en marcha del polémico ‘puerta a puerta’, que ya se ha extendido a todo el término municipal de Es Castell y a buena parte del de Maó, con un balance que ha dejado luces y sombras. Si bien es cierto que los resultados de la nueva forma de sacar la basura son óptimos –se ha logrado alcanzar hasta el 80 por ciento de separación en zonas donde apenas superaba el 20 por ciento–, también lo es que el aterrizaje en la realidad del nuevo sistema ha revelado múltiples lagunas.
El contrato de concesión de este servicio es uno de los más costosos de los firmados por el Consorcio de Residuos últimamente, son más de 30 millones de euros para un periodo de ocho años. Y se van a quedar cortos. Los cambios que se tienen que introducir para arreglar los problemas que no se habían previsto en los pliegos van a suponer un encarecimiento del mismo, según explica el director insular de Medio Ambiente, Mateu Aínsa, quien subraya que tampoco pueden ser modificaciones de mucho calado, si no quieren encontrarse con un problema jurídico con las empresas descartadas en el proceso de adjudicación.
El listado de carencias que se han ido detectando es extenso. El contrato, por ejemplo, no previó las consecuencias de retirar los contenedores en las playas y en los muelles, dejando sin alternativas a bañistas y embarcaciones en tránsito para tirar la basura. Tampoco para las personas con alguna discapacidad cuyo servicio de asistencia no se ajusta al horario establecido, ni curiosamente para el sistema de colocación de los cubos en los edificios con menos de diez viviendas, por citar algunas de las casuísticas.
Las áreas de aportación, que inicialmente iban a ser solo para casas diseminadas en el campo, se han tenido que abrir para establecimientos de restauración y, sobre todo en verano, se han colapsado. Además no se valoró el impacto visual de los cubos que permanecen en la calle todo el día y no se están articulando por parte de los Ayuntamientos mecanismos de control y castigo efectivos para los comportamientos incívicos.
Desde el Consell se concluye que han faltado campañas previas de concienciación y que las labores encargadas de información y seguimiento han sido insuficientes. También se denuncia la sobrecarga de trabajo que ha supuesto para el Consorci. Serían necesarios entre uno y dos trabajadores dedicados exclusivamente al seguimiento del ‘puerta a puerta’.
ABONADOTota la raò