El Consell mantiene que la propuesta para acabar el puente de Rafal Rubí y culminar la reforma de este polémico tramo de la carretera general sí obtuvo el aval de los principales organismos de la Menorca Talayótica, el Consell Científic y el Consell Rector. El 31 de julio de 2024, apunta, el Consejo Científico, «integrado por expertos independientes», aprobó por mayoría la Evaluación de Impacto Patrimonial elaborada por Jordi Tresserras, «favorable a finalizar el enlace a doble nivel de Rafal Rubí con medidas correctoras». Hubo dos votos en contra, uno de ellos de Cipriano Marín, una abstención y 15 votos a favor. El informe patrimonial de Tresserras recabó después la aprobación definitiva del Consell (26 de noviembre de 2024) y del Consejo Rector de la Agència, con 10 votos favorables y una abstención.
La solución finalmente propuesta para Rafal Rubí, admite el Consell, ha sido guiada por los informes de los técnicos de Carreteras (1 de abril de 2025) y Patrimonio (28 de abril) de la institución, que considera que «son los competentes para informar el proyecto, no así la Agència Menorca Talaiòtica», que solo interviene en las cuestiones que afectan al patrimonio arqueológico.
El gobierno del Consell reitera en el comunicado que el entonces conseller Miquel Àngel Maria dio una «información falsa» a los técnicos de Icomos que evaluaban la candidatura, al parar el bus que los llevaba frente a Rafal Rubí y anunciarles que la estructura se iba a derribar, cuando «no había ningún informe técnico ni acuerdo institucional que lo avalase». Las alternativas de una solución a nivel que, recuerda, se encargaron en el mandato anterior también fueron descartadas por los técnicos de Movilidad, para quienes «la solución más adecuada pasaba por finalizar el enlace parcialmente ejecutado».
Es más, la Evaluación de Impacto Patrimonial que el actual gobierno del PP encargó posteriormente a Jordi Tresserras fue propuesta junto con Icomos para «hallar una solución que hiciera compatible la seguridad vial con la conservación del patrimonio».
Tal como ya se explicó también en la comparecencia del jueves, el Consell esgrime el informe jurídico encargado a Alejandro Auset, experto en Derecho Público, que advierte que «los políticos y funcionarios podrían incurrir en posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial en caso de no ejecutar una solución vial diferente a la finalización del enlace a doble nivel, tal como recomiendan todos los informes de la institución».
Igualmente, en diciembre se envió a la Unesco el «informe de respuesta a las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial», que todavía no se ha pronunciado al respecto. Aún así, se ha decidido aprobar el proyecto que, como avanzó este diario, ha salido ya a licitación pública.
Investiguen lo que @Pepe Luis comenta. Tiene mucha razón. Si no abrimos los ojos, estamos vendidos! de momento vendida, ya lo está una gran parte de Menorca.