El varapalo jurídico de Secretaría a la modificación del PTI por «alterar el modelo territorial» de la Isla no es el único revés que ha recibido el gobierno del Consell en su propuesta para Menorca. El informe del departamento de Ordenación Territorial y Turística también cuestiona la validez del estudio de capacidad de carga, a través del que se fija un techo máximo de 107.917 plazas turísticas y la posibilidad de crecer en 23.859 camas respecto de la actual disponibilidad de alojamiento.
La arquitecto del área de Ordenación Territorial y Turística, Elisenda Boet, concluye que el estudio externo encargado por el gobierno del PP al también arquitecto Sebastià Pons Fedelich «no es suficiente para fundamentar el límite máximo propuesto de plazas turísticas susceptibles de ser comercializadas». En su lugar, recomienda solicitar un informe al Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam) «que permita avalar la propuesta y, si es el caso, los criterios de distribución» de las plazas (el 85 por ciento en zonas turísticas, el 10% en núcleos tradicionales y el 5% en suelo rústico) o bien indique los aspectos que cabe ampliar o enmendar».
El informe lamenta que el estudio solo haya tenido en cuenta parámetros urbanísticos y de densidad de población y no haya analizado «las otras dimensiones de la capacidad sobre los efectos actuales que comporta el turismo, y no solo en las zonas turísticas». Y más aún cuando se trata de los indicadores territoriales a los que alude la Ley de 2022 de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y Circularidad del turismo en Balears.
A modo de ejemplo, remarca que el estudio solo analiza 3 de los 12 grupos del Sistema de Indicadores Turísticos (SIT) del Obsam y hace referencia únicamente a 10 de los 69 indicadores del PTI. El informe echa en falta especialmente que se analice la demanda turística, el impacto económico social y de las infraestructuras vinculadas al transporte. «Tampoco aporta datos concretos que permitan analizar la situación actual de los efectos o el impacto del turismo sobre la vivienda», apunta. Y aboga por implantar «gradualmente» medidas medioambientales, sociales y económicas para propiciar un desarrollo sostenible del turismo sin condicionarlo a ningún indicador concreto.
La arquitecto autora del informe no ve «clara» la metodología empleada, más allá de los datos del Obsam que toma como referencia, ni que se concluyan «de forma precisa» los límites a partir de los cuales la isla puede asumir más plazas de las ya autorizadas. «No queda clara la estimación de los límites de carga atendiendo al impacto sobre el medio natural, la convivencia con la población local, la capacidad de los servicios y equipamientos o los beneficios sobre la economía local».
Los aspectos que el informe técnico echa en falta en el estudio, ya cuestionado también por el PSOE y Més desde la oposición, son múltiples. Por ejemplo, no diferencia las plazas destinadas al alojamiento turistico de la vivienda residencial, ni aporta información sobre los ámbitos de las zonas turísticas de los planeamientos de Ciutadella y Es Mercadal que aún no se han adaptado al PTI y que ya podrían superar la intensidad máxima permitida. Tampoco da datos suficientes para verificar su proyección sobre la capacidad de población de cada municipio, ni justifica por qué no tiene en cuenta las 16.280 plazas turísticas que están vacantes en suelo urbano, las 250 que se puede crecer aún en el sector de Sa Punta de Maó y el Repòs del Rei de Es Castell o las que el planeamiento ya determina para acoger futuros hoteles.
El informe técnico corrige también uno de los errores del estudio, al asegurar que el crecimiento proyectado debería ser, en todo caso, de 12.257 nuevas plazas turísticas y no 23.859, como sostiene, ya que las 11.600 de las Áreas de Reconversión Territorial (o de esponjamiento) junto a las urbanizaciones «no están pendientes de ningún estudio de capacidad de carga» y se pueden comercializar al margen de la moratoria turística en vigor desde 2022. Así, siempre según el informe, el estudio de capacidad de carga debería haber partido de una cifra global de 95.660 plazas: las 84.054 ya existentes y las 11.600 de las ART.
Estos "técnicos " están muy relacionados con los que mandaban antes ? Si es así poca credibilidad