El Juzgado deja en suspenso la subasta de los pisos de Alaior tras la detección de errores

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Maó ha ordenado la suspensión temporal de la subasta de los pisos del bloque ubicado entre la Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova de Alaior. El motivo oficial, «discrepancias físicas y jurídicas» que hay que resolver antes de reanudar el proceso de venta pública de los inmuebles, algo que desde el Portal de Subastas del Ministerio de Hacienda advierten que puede ocurrir en el momento en que lo decida la entidad gestora de la subasta, el juzgado, aunque la previsión es que el proceso prosiga el 17 de octubre.

Entre las discrepancias que han trascendido en los últimos días hay una muy básica. Han salido a subasta por lotes, de forma individualizada, 60 pisos, cuando en realidad, tanto los vecinos, como el Ayuntamiento de Alaior y la propia Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Banca (Sareb) habían venido informando de que el número de inmuebles es de 56. Según ha pedido saber este diario, el proyecto promovido por Mussola y Bitácora Promociones SL contaba inicialmente con 60 pisos, pero finalmente la constructora juntó algunas unidades y hay cuatro pisos que han salido a subasta sin existir físicamente. Este sería uno de los motivos que han obligado a suspender el proceso. Hay que tener en cuenta que los inmuebles aparecen técnicamente como «en construcción» porque en su día no se registró el final de obra, lo que puede explicar el descuadre entre las cifras reales y las que ha manejado el juzgado para iniciar la subasta.

Pujas

La paralización del proceso llega cuando estaba a punto de llegar a la fecha límite para recibir pujas, marcada inicialmente hoy 6 de octubre. Según el portal oficial de subastas del Ministerio hasta la suspensión del procedimiento se había presentado oferta por uno de los 60 inmuebles en venta. Cabe recordar que la Sareb ha expresado su intención de hacerse con los pisos para destinarlos al alquiler social respetando los contratos de los actuales inquilinos, pero nada garantiza que no puedan terminar en manos de inversores privados.