El IME acusa al Consell de Menorca de haber roto el consenso social sobre la lengua

El Consell Científic del Institut Menorquí d’Estudis (IME), organismo público adscrito a la presidencia del Consell insular, ha emitido una contundente e inédita resolución en la que urge a dar marcha atrás a la modificación del reglamento lingüístico de la institución, aprobada con los votos del gobierno del PP y de la consellera expulsada de Vox, que introduce el castellano y prima el uso del menorquín sobre el catalán estándar.

La resolución, firmada por el presidente del Consell Científic, Josep Maria Quintana, insta al presidente Adolfo Vilafranca a «reconsiderar» el nuevo reglamento lingüístico y «abrir un proceso de diálogo con los organismos competentes que recupere el espíritu de consenso y respeto por el conocimiento científico que debe guiar cualquier actuación en materia lingüística».

En el escrito, que se envió discretamente y al que ha tenido acceso ahora este diario, Quintana    traslada el acuerdo adoptado el 17 de diciembre por el consejo científico, en el que se muestra su «preocupación por el contenido y las formas» empleadas y se acusa al cambio normativo impulsado por el conseller de Cultura, Deportes y Patrimonio, Joan Pons Torres, de haber «roto el espíritu de consenso que permitió aprobar el Estatut d’Autonomia y la Llei de Normalització Lingüística». El renovado reglamento -apunta- «plantea serias dudas sobre el cumplimiento del marco legal del que emana».

El acuerdo del IME, propuesto por su sección de Lengua y Literatura, considera que el nuevo reglamento «supone un retroceso en la política de normalización lingüística y se aleja tanto del marco legal vigente como del consenso social e institucional que lo ha sustentado históricamente».

Para empezar, «hace un uso poco claro del glotónimo menorquín, que se quiere oponer al único nombre de la lengua propia de Balears que aparece en las leyes de referencia, que siempre hablan de catalán y nunca utilizan el término menorquín para referirse a la modalidad hablada en Menorca».

El reglamento también «contradice» la Llei de Normalització, que obliga a las administraciones públicas insulares a usar «un modelo formal de lengua basado en las modalidades que emanan de la tradición literaria escrita», pero «en ningún caso en los usos coloquiales, al contrario del modelo de lengua que algunos miembros del gobierno del Consell insular utilizan en ámbitos formales». Se refiere, sin mencionarlo, al uso del artículo salat en algunas publicaciones en las redes sociales que hacen organismos vinculados a la Conselleria de Cultura.

El «uso impreciso» que se hace del nombre de la lengua y la «interpretación sesgada» del concepto de modalidad insular dejan patente, según el IME, «la falta de rigor en la aplicación de los criterios filológicos reconocidos y ponen en riesgo la presencia adecuada del catalán en los ámbitos formales de la administración».

Pero a los miembros del Consell Científic les ha molestado tanto el fondo como la «injustificada» forma en la que se ha impulsado la modificación, «sin contar con los criterios del Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) del Consell insular, ni de la sección de Lengua y Literatura del IME, ni tampoco de la Universitat de les Illes Balears (UIB)», a la que el Estatut considera «la institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana».

Igualmente, el IME califica de «grave» que se haya suprimido la Comisión de Seguimiento, «que garantizaba la pluralidad y la transparencia». En cambio, con las modificaciones introducidas ahora, el conseller Joan Pons Torres pasará a ser el supervisor único de la aplicación del reglamento.

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