La que fuera durante 40 años responsable del Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) del Consell, Pilar Vinent Barceló, también ha presentado un detallado pliego de alegaciones en el que rebate, artículo por artículo, las 18 disposiciones modificadas por el conseller de Cultura, Joan Pons Torres.
Vinent, jubilada hace ahora un año, solicita que «se revoque y declare nulo a todos los efectos» el acuerdo del Consell insular por el que se aprobó inicialmente el reglamento. Entiende que el cambio normativo es innecesario e injustificado y que vulnera tanto el principio de transparencia como las leyes de normalización lingüística y de consells insulares.
Pero, sobre todo, Pilar Vinent denuncia el «recorte encubierto de las funciones del Servei d’Assessorament Lingüístic» que supone la modificación reglamentaria. «Si uno de los objetivos del equipo de gobierno es promover las formas propias de nuestra variedad dialectal, y suponiendo que no niegan la unidad de la lengua, sorprende que recorten funciones al SAL», alerta.
En concreto, el artículo que abre la puerta a la externalización del servicio «representa una falta de respeto y desconfianza hacia los técnicos, funcionarios públicos que han accedido a su puesto de trabajo de forma totalmente transparente y que están obligados a cumplir la legislación vigente».
Vinent esgrime que varios artículos «suprimen las labores de planificación y dinamización de la lengua catalana, lo que contraviene el supuesto objetivo de promover ‘las formas lingüísticas del menorquín». Además, apunta, «el nuevo redactado prevé solo el asesoramiento lingüístico a solicitud de la corporación, cuando el asesoramiento debería extenderse, como hasta ahora, a toda la institución y a cualquier persona que así lo requiera».
Las alegaciones de Pilar Vinent también denuncian el «menosprecio total a la opinión técnica de los expertos en la materia» en el que se incurre al no haber incorporado la recomendación de la asesora jurídica que, en su informe, pedía que «la aplicación vaya precedida de la valoración y justificación por parte de los técnicos de la administración insular». De hecho, la comisión de seguimiento que hasta ahora velaba por la aplicación del reglamento de forma «transversal» queda derogada, dejando la supervisión solo en manos del conseller, con lo que «las decisiones estarán totalmente carentes de transparencia y se tomarán a criterio de una sola persona».
Asimismo, remata Vinent, «al derogar todas las instrucciones aprobadas en materia lingüística, se deja la edición de textos del Consell al gusto de cada cual, sin un criterio unitario de forma y estilo, y sin que el Servei Lingüístic pueda marcar las pautas de uso del lenguaje administrativo».
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