No solo el abogado que ejerce la acusación por el Ayuntamiento de Ciutadella. También los letrados que defienden a los investigados en el caso Nerer piden al Juzgado que dé un nuevo impulso a la instrucción, pero para revocar el auto de transformación de julio de 2021, sobreseerlos y archivar la causa. Es la forma, entienden, de acabar con la presunción que los imputados arrastran desde hace casi 8 años.
El auto dictado hace dos años y medio por la anterior titular del Juzgado número 2, Belén Velázquez, es el último trámite que se ha hecho efectivo. No consta que su sucesora haya elevado siquiera los recursos a la Audiencia Provincial, y el nuevo fiscal que sigue las causas de este juzgado desconoce la trama, de la que no había sido informado. De hecho, la Fiscalía, que impulsó el caso en enero de 2016 y promovió las primeras detenciones, ni siquiera ha presentado escrito de acusación.
Quedan pendientes por contestar el doble recurso de reforma y apelación interpuesto por el exconcejal Avel·lí Casasnovas, para quien el Ayuntamiento pide 16 años de prisión, y los presentados por separado por José María Gelabert y sus tres socios en Gel-Fux, administradores de un entramado empresarial de la ciudad (Fernando Orfila y los hermanos Francesc y Antoni Cavaller) a los que se solicitan 7 años de cárcel por cabeza por cohecho y tráfico de influencias. El presunto testaferro de Casasnovas, Ildefonso Vinent, acusado de blanqueo de capitales, fue el único que no recurrió.
El recurso de apelación que el abogado Miquel Mercadal presentó en nombre de los hermanos Cavaller y Fernando Orfila para oponerse al auto de la jueza cuestiona abiertamente los presuntos ilícitos que se les imputan y alega que han prescrito. No ya solo desde que se llevó a cabo la controvertida permuta del Palau Saura Morell por el solar del Paseo Marítimo, hace 18 años, sino también desde el primer auto judicial de abril 2016 que acordó incoar diligencias previas. Desde entonces, han transcurrido más de los cinco años que marca la ley para la mayoría de estos delitos.
Además, Mercadal recuerda que la permuta promovida por Avel·lí Casasnovas fue aprobada el 15 de diciembre de 2005 por el pleno y firmada meses después ante notario por el alcalde LlorençB rondo, sin que nadie alegase nada en su contra. Se trató, por tanto, de un «acto administrativo firme y consentido», del que «no cabe apreciar ni concluir ningún hecho delictivo».
El letrado remarca asimismo que el interés del Ayuntamiento por adquirir el PalauSaura Morell «era cierto y objetivo», como lo demuestra que se haya convertido en sede del Archivo Histórico y de la Escuela Municipal de Artes Plásticas.
De igual forma, tampoco «reviste caracteres de delito alguno» que los empresarios locales quisieran adquirir la parcela municipal del Paseo Marítimo conocida como la ‘joya de la corona'. Y ve «absurdo, ilógico e irracional» que éstos tuvieran que «recompensar a la autoridad» y pagar a Avel·lí Casasnovas «una cantidad indeterminada» de dinero, además de costearle la reforma de su chalé en Cala en Blanes y del local de su hermana en la calle Carnisseria, «por una permuta que reviste todos los caracteres de legalidad». De hecho, apunta, la permuta «no mereció tacha alguna de irregularidad» cuando fue fiscalizada por la Sindicatura de Comptes.