El Consell mantiene su hoja de ruta con la reforma de la carretera general. Pese al rechazo de la Unesco a la rotonda de doble nivel que se ha proyectado a la altura de las navetas de Rafal Rubí, la institución insular no va a dar su brazo a torcer y anunció ayer que ejecutará la obra en contra del criterio del ente que supervisa la declaración de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial. Pone por delante la seguridad en este punto concreto de la Me-1, a las consecuencias que podría tener no atender a las recomendaciones del organismo internacional, que aboga por una solución con menos impacto paisajístico para el cruce del entorno del yacimiento arqueológico.
El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, compareció un día después de conocer el pronunciamiento de la Unesco para defender que, más allá de sus recomendaciones, «a nosotros lo que nos preocupa, lo primero, es la seguridad de los menorquines» y recordar que «estamos delante de un proyecto de carreteras en el que prima la seguridad, lo que está en juego es la vida de las personas», sin dejar de defender que el proyecto que está en fase de licitación hace compatible la seguridad con la protección de los bienes talayóticos.
Pero el Consell no solo quiso transmitir su firmeza con el proyecto en el tramo Maó-Alaior de la carretera general, sino que pasó al contrataque poniendo en seria duda la validez de las conclusiones a las que ha llegado Icomos, el organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural, y acusando al Ministerio de Cultura –su único interlocutor oficial–, de engañarle remitiéndole «información sesgada y falsedades de terceros», y no los avales técnicos del Consell, «para conseguir un dictamen desfavorable al proyecto».
Pons Torres abundó en el papel del Gobierno asegurando que «se ha saltado los informes del Consell y nos ha ocultado qué documentación ha elevado a la Unesco, ni nos han enviado copia», en lo que califica como una «maniobra política sin precedentes» para perjudicar al equipo de gobierno del PP, un «juego sucio de grave deslealtad hacia el Consell y sus funcionarios» que a su entender pone en peligro la declaración de la Menorca Talayótica por intereses políticos.
Desde el Consell denuncian que el Ministerio «ha ignorado dos años de trabajo de los técnicos de carreteras y patrimonio del Consell e incluso la opinión de los expertos del Consell Científic de la Agencia Menorca Talayótica». En ese sentido el conseller de Cultura se pregunta «cómo puede ser que el Ministerio de Cultura haga más caso al GOB, a una entidad minoritaria o a un informe de un externo contratado a dedo para hacer un informe negativo, que a los funcionarios del Consell expertos en patrimonio y carreteras». La conclusión a la que llega es que si se le traslada esa información parcial a Icomos y a la Unesco, el resultado del informe «será obviamente sesgado y tendencioso».
Lo que sí parece haber recibido la Unesco, visto el análisis que hace del documento, es el estudio de evaluación de impacto patrimonial encargado al expresidente de Icomos, Jordi Tresserras, del que se denuncian serias carencias. En ese sentido, Pons Torres defendió que es «bastante concluyente» –justo lo contrario de lo que afirma la Unesco– y aseguró que «no tenemos ningún problema, ya estamos trabajando en la respuesta a las recomendaciones periódicas que nos hace Icomos, si necesitan una ampliación de la evaluación, que les enviemos renders o imágenes en 3D, estamos abiertos». El problema, aseguran, es que hace dos meses que reclamaron reunirse con el Ministerio y la Unesco para exponer en detalle el proyecto y no han recibido respuesta.».
«No se puede tirar el puente»
Lo que no van a hacer es dar marcha atrás. Y exponen otro argumento, a su entender imperativo, para reafirmarse: el legal. A pesar de que en su informe sobre el estado de los bienes talayóticos Icomos defiende que no existen impedimentos legales para eliminar el puente a medio construir, el Consell lo niega rotundamente y recuerda que entre la documentación del expediente que «no sabemos si han llegado a la Unesco» hay un informe jurídico que concluye que «el puente se debe terminar porque si se opta por otra opción menos segura, el día en que haya un accidente grave se podrá reclamar responsabilidades patrimoniales al Consell».
Pons Torres compareció junto al conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, quien después de hacer una consulta con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que mantiene paralizado el proceso de adjudicación desde el pasado 19 de septiembre, confió en que «en breve» se levantará la suspensión cautelar del procedimiento, ordenada para analizar el recurso presentado por el PSOE. Al concurso se ha presentado una sola empresa y el departamento de Movilidad trabaja con la intención de que a finales de año se reanuden, una década después, las obras del puente de Rafal Rubí.
LadyPues això mateix es l'argument q el TS li va aplicar als independentistes per no ammistiarlos, l'enriquiment personal per no pagar de la seva pròpia butxaca. Seria interessant aplicar el mateix argument al PP o al conseller de cultura.