Los servicios jurídicos del Consell insular se enfrentan estas semanas a uno de los mayores aluviones de alegaciones que nunca se habrán presentado contra un documento o iniciativa pública en la institución. El renovado y polémico reglamento de usos lingüísticos promovido por el conseller de Cultura, Joan Pons Torres, ha recibido finalmente 158 alegaciones, de las que cinco ya se pueden dar por descartadas: cuatro por llegar fuera de plazo y una por haberse limitado a escribir una glosa.
De las 154 restantes, 21 corresponden a entidades y 133 a ciudadanos particulares, entre ellos los consellers del PSOE Josep Pastrana y Eduardo Robsy. El llamamiento realizado por algunas asociaciones y grupos políticos para oponerse al reglamento que prioriza el menorquín e introduce el castellano ha hallado así un inédito respaldo entre la ciudadanía.
Además del Consell Científic del Institut Menorquí d’Estudis (IME), que acusa al Consell de haber roto el consenso social sobre la lengua, alegaron la Obra Cultural Balear (OCB), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Plataforma per la Llengua, Acció Cultural de Menorca, Fem-ho en Català, Acció Ciutadana de Alaior, el Sindicat de Treballadors Intersindical (STEI) de Balears, la Unió Obrera Balear, UGT, el PSM, el grupo de Més per Menorca en el Consell insular, Esquerra de Menorca, la Entesa de l’Esquerra de Ferreries, la agrupación de electores de l’Entesa, el Ajuntament de Ciutadella y las asociaciones de vecinos de Ciutadella, de Es Mercadal, S’Enclusa de Ferreries y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Menorca.
Los argumentos esgrimidos coinciden en gran medida entre todos los alegantes, incluso entre los propios ciudadanos, gran parte de los cuales se sirvieron del documento tipo que facilitaron varias de las asociaciones y partidos políticos.
Las entidades denuncian que el reglamento impulsado por el conseller Joan Pons Torres, con el respaldo del resto del gobierno del PP y la consellera expulsada de Vox, incumple el Estatut d’Autonomia y la Llei de Normalització Lingüística. También echan en falta que no se haya atendido el criterio preceptivo de la UIB, al no solicitarle ningún dictamen cuando, según el Estatut, es «la institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana». Tampoco se ha tenido en cuenta ni al Consell Consultiu, ni a la sección de lengua y literatura del IME, ni al propio Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) del Consell. Incluso terció la antigua responsable del servicio, Pilar Vinent, quien alegó para denunciar el «menosprecio» y el «recorte encubierto» de funciones a los trabajadores del SAL.
Entre otras cuestiones, también se rebate que falte motivación para justificar que se cambie el reglamento y que se elimine la comisión de seguimiento que había hasta ahora, dejando así la supervisión exclusivamente en manos del propio conseller de Cultura.
La mayoría de alegaciones advierten asimismo que la nueva normativa comporta un retroceso en la normalización lingüística, rebaja la exigencia de conocimiento del catalán y vulnera la Constitución. Por todo ello, reclaman que se declare la nulidad del acuerdo de pleno del 15 de diciembre que aprobó inicialmente el reglamento y que se reconsidere por completo.
Aleeertaaa Joan, ten mucho cuidado a ver con quien te estrechas la mano... Hay por ahí algunos lobos peligrosos con piel de cordero.