El Área de Gestión de Milà tiene permiso expreso para enterrar en el vertedero los restos de matadero que obliga a incinerar a un precio desmesurado, y desde 2016 sufragado regular o irregularmente con dinero público. La preceptiva Autorización Ambiental Integrada que otorga la Comisión de Medio Ambiente del Govern faculta al titular de la instalación, el Consorcio de Residuos y Energía, y a la concesionaria, la UTE Es Milà, a enterrar en el vertedero hasta 500 toneladas anuales de subproductos de sacrificio.
Las normativas europea, nacional y balear avalan legalmente esa práctica desde hace una década. El único documento que ha venido rechazando el entierro de desechos no peligrosos de matadero, a pesar de ser la opción más económica y sostenible de las posibles en la Isla, es el Plan Director de Residuos del Consell, que en su versión definitiva de 2020 al fin accede a ofrecer alternativas de tratamiento en Milà, como su uso para alimentar una planta de biogás. No se puede recurrir a ella porque el propio Consell no exige que se habilite la infraestructura necesaria hasta 2024.
El informe elaborado sobre la aparición de restos animales en el vertedero por el propio agente de Medio Ambiente del Consell, con fecha 19 de octubre, viene a reconocer en sus conclusiones que en Milà se podría enterrar la enorme mayoría de los residuos de animales que se generan en los dos mataderos insulares. Deja claro que la autorización del órgano competente, la Comisión Balear de Medio Ambiente, lo permite y que y que Menorca es zona remota. Solo hace un matiz muy relevante y que muestra hasta qué punto el Consorcio de Residuos y Energía ha quedado atrapado en su propia telaraña normativa.
Planteada toda esa sólida base legal, hace especial hincapié –recurriendo a las mayúsculas en la negación–, en que «los ‘sandach' de categoría 1 NO se pueden eliminar mediante entierro in situ en el Área de Gestión de Milà». Efectivamente, los ‘sandach' (subproductos de origen animal no destinados a consumo humano) de categoría 1, considerados de riesgo, en ningún caso pueden ser enterrados, como según los registros oficiales se ha hecho en Milà. El problema de base es la razón por la que los residuos que llegan de los mataderos –en el caso de Ciutadella hasta que en abril de 2020 decidió llevarse los no peligrosos fuera de la Isla– se consideran en su totalidad de riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
La respuesta es sencilla y a su vez un tanto kafkiana. Porque cuando en 2016 (en realidad desde diciembre de 2015) la UTE Es Milà anunció a los responsables de los mataderos y también al que era entonces conseller de Medio Ambiente y presidente del Consorcio de Residuos y Energía, Javier Ares, que de forma inmediata iba a proceder a incinerar todos los residuos de animales (antes supuestamente solo se quemaban los de categoría 1), los mataderos dejaron de separar por categorías como solían y como, por cierto, marca claramente el plan director vigente, que en el caso de Maó se está incumpliendo.
No fue esa una decisión tomada a iniciativa de los gestores de los mataderos. Diversas fuentes del sector insular del sacrificio de animales confirman a este diario que se les invitó expresamente a dejar de separar los restos por categorías, con una lógica irrefutable entonces. Si se va a incinerar todo, ¿qué sentido tiene separar por categorías? Nada de eso seguramente hubiera trascendido si no fuese por la desmesurada tarifa de incineración que se fijó en las condiciones del concurso de adjudicación de la planta y que posteriormente se firmó sin que estuviese para nada escondida.
La maniobra, auspiciada por el Consell a través del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, ejecutada por la UTE y durante años aceptada por los ayuntamientos de Maó y Ciutadella, suponía pasar a facturar toneladas de residuos de un tratamiento de entierro de menos de 40 euros por tonelada a una de incineración a 820 euros por tonelada. Huelga decir que la operación es redonda, más todavía si, como revelan las propias memorias del consorcio público dependiente del Consell y del que forman parte los municipios, como poco no se ha incinerado todo lo que se ha facturado como incineración.
O sigui que ho sabien i seguien incinerant per facturar més de 800 euros per tona incinerada en tost de 40. No tan sols es negligència, sino que és encara molt pitjor. Com a ciutadà de Ciutadella i com a ciutadà de Menorca moltíssim agrait a sa feina del senyor Gilabert i sa transparència des Diari.