Adrià tiene 38 años. Se instaló en Menorca hace cinco años para trabajar de herrero y cobra poco más del salario mínimo. Tener un techo donde dormir se ha convertido en su principal preocupación desde entonces. Sus ingresos, como los de tantos otros menorquines, no le permiten alquilar un piso y mucho menos hipotecarse para comprarlo. Desde que llegó a la Isla ha tenido que peregrinar entre habitaciones de casas compartidas y más de un verano lo ha tenido que pasar en una furgoneta.
Su caso está recogido, a modo de ejemplo, en el estudio «Habitatge i exclusió social a les Illes Balears» que la UIB ha presentado en diciembre. Los autores sostienen que la vivienda se ha convertido en el primer factor de riesgo para quedar excluido del sistema, más incluso que no tener trabajo. Pero, ¿cómo se ha llegado en Menorca a esta situación?
En los últimos 15 años, tras salir de la crisis inmobiliaria, el sector de la construcción ha dejado de invertir en bloques de vivienda urbana para centrarse en la construcción de chalés en la costa: solo en 2022 se visaron cerca de 700 proyectos para nuevos unifamiliares dirigidos principalmente a compradores foráneos. Todo mientras la población residente ha aumentado en 10.000 personas y se han superado los 99.000 habitantes permanentes.
En paralelo, los propietarios se han sumado al boom del alquiler vacacional atraídos por una mayor rentabilidad y menor riesgo de verse envueltos en un proceso judicial con un inquilino problemático o que deja de pagar. El último recuento del Departamento de Ordenación del Territorio del Consell cifra en 5.800 las casas turísticas que cuentan con licencia y se estima que hay otras tantas que se dedican a esta actividad de forma ilegal. No obstante, el grueso del negocio está fuera de los cascos urbanos.
La otra fuente de ingresos para el sector inmobiliario, la compraventa, cierra gran parte de las operaciones con propietarios no menorquines que van en busca de una segunda residencia en la Isla que estará la mayor parte del año cerrada.
El primer grupo inmobiliario de Menorca vende el 45 por ciento de las casas a extranjeros, mientras entre el resto predominan los compradores peninsulares, con los madrileños, catalanes y vascos a la cabeza.
Cerca de 9.000 casas vacías
En 2023 el Instituto Nacional de Estadística ha actualizado el censo de viviendas. De las 60.523 que hay en la Isla, cerca de nueve mil están vacías, una de cada siete. El número de segundas residencias duplica al del censo anterior, que data de 2011. Es Mercadal y Es Migjorn lideran los inmuebles vacíos, con tres de cada diez.
Este año también ha sido el de la entrada en vigor de la primera Ley de Vivienda en España, dirigida a intervenir los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. Desde entonces, y a la espera de que las comunidades autónomas muevan ficha, el efecto logrado ha sido el contrario al esperado: ha caído la oferta de pisos y el precio de los nuevos contratos en Balears acumula una subida del 18 por ciento, según datos del portal Idealista.
Las empresas turísticas han sufrido serios problemas para completar las plantillas en temporada alta, lo mismo que le sucede a la administración para contratar profesores, sanitarios o policías. El Ib-Salut ha tenido que articular medidas urgentes que le permiten pagar pluses a los profesionales que ocupen las plazas que se declaren de difícil cobertura.
Una escalada de precios que triplica el IPC
Hoy comprar un piso de 90 metros en Ciutadella cuesta de media 255.000 euros, un 12 por ciento más que en 2022, un incremento que triplica el IPC. El último informe de Sociedad de Tasación refleja que en Balears un trabajador necesita 18,6 años de salario íntegro para poder comprar una vivienda, el doble que la media nacional. Más que en Madrid o Barcelona.
La renta media disponible en Menorca oscila, según Hacienda, entre los 21.000 y 24.000 euros al año. Si se opta por el alquiler, el precio máximo que podría asumir una familia, para no comprometer más del 30 por ciento de sus ingresos, es de 562 euros al mes. ¿Cuántas casas se ofrecen a ese precio?
Lea este y otros análisis en el Anuario 2023 de 'Menorca - Es Diari'
El apunte
Un decreto para crear más casas por la vía rápida
«Haremos que las familias de clase media puedan volver a comprarse un piso». La frase es de Marta Vidal, la abogada menorquina que se ha convertido este año en la consellera de Vivienda del Govern de Marga Prohens. Junto a su equipo, se quedó sin vacaciones de verano para que el Ejecutivo pudiera aprobar en tiempo récord un decreto ley de medidas urgentes en este ámbito.
La norma pretende fomentar la creación de nueva vivienda a corto y medio plazo sin la necesidad de consumir más territorio. La clave está en facilitar la división de casas, el crecimiento en altura de los edificios ya existentes y la conversión de locales comerciales vacíos. La nueva vivienda que aflore al amparo de estas medidas deberá comercializarse a precio limitado.
El hecho de que el decreto entrara en vigor nada más aprobarse, pasando por encima de la normativa municipal, puso en alerta a varios ayuntamientos, que aprobaron por pleno su paralización cautelar. Es el caso de los consistorios con mayoría de izquierdas, como Maó o Ciutadella, pero también de gobiernos del PP, como Es Mercadal. Otros como Sant Lluís y Ferreries han limitado el alcance de las medidas.